La defensora de oficio Cindy Morales, representante del extesorero del Partido Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro, trató de demostrar la tesis que presentó Otto Guevara, máximo líder de esa agrupación política, el día de su deposición ante el tribunal.
Guevara había señalado como único responsable -de los tres imputados- a Carlos Solano, exsecretario de capacitación, a la firma Villalta y Asociados -encargada de la certificación de gastos redimibles ante el TSE-, y al propio departamento de Financiamiento de Partidos Políticos de este órgano.
Del primero se dice que pasó listas de capacitaciones fantasma para quedar bien con sus jefes en el partido y a los dos últimos, “porque les pasó un elefante blanco al frente y no lo vieron”, según expresó Guevara durante su comparencia.
Basada en extractos de artículos e incisos del Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, la abogada defensora trató de demostrar la negligencia del Contador Público Autorizado y de alguna manera involucrar al departamento mencionado, del TSE.
También, la defensora pública indicó que en su declaración, la exsecretaria general del partido, y exdiputada de la República, Patricia Pérez, no dijo toda la verdad cuando estuvo frente al tribunal.
Al señalar a Carlos Solano, como quien indujo al error a su representado, y por ende al excontador de la agrupación, Róger Segura, indicó que este no lo hizo con dolo, sino para salvar su imagen. En su momento, Guevara dijo que Solano no lo hizo para hacerse rico, sino para quedar bien con sus superiores.
Se refirió además a los casi ¢210 millones que se cobraron por concepto de capacitaciones fantasma, como dinero que no hizo ningún daño al Estado, pues de todas formas era del partido, ya que así lo determina el Código, por la cantidad de votos válidos recibidos en las elecciones de presidente y diputados del 2010.
Ese dinero dio contenido parcial a los bonos clase C, dinero que pudieron cobrar algunos poseedores de esos bonos, mientras que si no se hubieran cobrado de esa manera, pasaría a propiedad del partido para gastos organizativos y de capacitación, y serían sujetos a liquidación trimestral, por parte del Partido y ante el TSE.
Con la abogada Morales, los tres defensores de los imputados terminaron sus conclusiones.
