Uber y el servicio de transporte remunerado de personas en Costa Rica
Gerardo Vargas Varela*
Si hay algo en lo que no fallan los empresarios, es en proteger sus inversiones, cuando se trata de inversionistas extranjeros, esta protección pasa por confirmar, que en el país donde van a invertir, exista un marco legal que les permita operar sin ningún problema, esto es una regla entre los inversionistas nacionales y extranjeros respetuosos de las leyes.
Por eso resulta extraño el despliegue de la transnacional Uber en nuestro país, que anuncia con bombos y platillos su posible inicio de operaciones, sin que exista claridad de los trámites realizados por esta empresa, ante el Consejo de Transporte Público y la Aresep.
Lamentablemente lo que no resulta extraño, es la respuesta del gobierno de Luis Guillermo Solís, nuevamente las declaraciones del Ejecutivo son ambiguas, una forma de respuesta que se está haciendo norma ante ciertos temas polémicos, generando una profunda incertidumbre.
Creemos que nuestra legislación es suficientemente clara, en el tema del negocio de transporte remunerado de personas, la normativa actual le da un carácter de servicio público, y somete todo su funcionamiento a la regulación de las instituciones que tiene el MOPT y otras instancias para estos efectos. Por tanto es evidente que de acuerdo a nuestra legislación, toda empresa interesada en brindar un servicio de transporte remunerado de personas, debe cumplir con la normativa vigente.
Los taxistas oficiales, los transportistas de turistas, los transportistas de estudiantes, en fin todos aquellos transportistas que están regulados, ven con suma preocupación el ingreso de ésta empresa sin regulación alguna, y con toda razón, en anteriores gobiernos, no han sido pocas las veces, que se han tomado decisiones, que han flexibilizado el servicio público del transporte remunerado de personas en favor de sectores informales, sin atender el problema social del desempleo que es, en el fondo, el fenómeno que da origen al llamado pirataje.
También nos preocupa, noticias que circulan en medios internacionales, acerca de experiencias negativas del funcionamiento de esta transnacional en otros países, creemos que estas situaciones deben tomarse en cuenta por las instancias estatales a la hora de analizar las intenciones de Uber de operar en nuestro país.
Finalmente y no menos importante es el tema del usuario, la legislación actual los protege de posibles accidentes, agresiones, estafas y otras irregularidades, es un tema al que tiene que prestarse atención cuando se discuta el funcionamiento de una empresa que pretende hacer su negocio con el transporte remunerado de personas.
Como se ve el tema es complejo, no estamos hablando de entorpecer la inversión extranjera , estamos hablando de respeto a la legislación, el mensaje no puede ser ambiguo, el tema de Uber debe verse a través de la protección al usuario, la garantía de una competencia justa, pero sobre todo, el imperio de la Ley.
*Jefe de Fracción del Frente Amplio
