La empresa Melinsky, Pellegrilli y Asociados, deberá pagar daños y perjuicios a la Corte Suprema de Justicia por haber firmado un contrato para la realización de un estudio actuarial del Régimen de Pensiones y Jubilaciones, sin tener el permiso del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCE).
Según supo DIARIO EXTRA, el Consejo Superior del Poder Judicial ordenó la semana pasada rescindir el contrato de esa firma argentina, pero además hacerle el cobro debido.
Fueron precisamente los miembros del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y las demás organizaciones de profesionales que denunciaron la forma sospechosa en que Eduardo Melinsky, analista argentino, ganó el concurso para realizar el estudio sin tener el permiso del colegio profesional respectivo.
Ese colegio profesional solo otorga un permiso por año para realizar ese tipo de estudios, ya se lo había dado para hacerlo al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y aún así participó en el concurso para el de la Corte, y extrañamente se le otorgó. Por eso los profesiones inconformes con el estudio anterior de esa empresa que dejó más dudas que respuestas, le exigieron a los magistrados que le anulen el contrato.
Las organizaciones primero recurrieron a la Corte Plena donde los magistrados resolvieron que cuando el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, dejara en firme el acuerdo de rechazarle el permiso a los argentinos, entonces el contrato no tendría legitimidad para actuar en el concurso pues estaría ejerciendo ilegalmente la profesión en el país.
Ante toda una ola de críticas, rumores y cuestionamientos de ese régimen de pensiones, la Corte había ordenado hacer otro estudio debido a que el efectuado en 2012 supuestamente se hizo mal, pues a su criterio se tomaron como base aspectos inadecuados e ilógicos. El resultado según los argentinos es que el sistema sufría un déficit y colapsaría en 2026.
Pese al mar de dudas que dejó el primer estudio se le otorgó el segundo, que a los gremios les pareció inadecuado y ahora fue anulado formalmente.
En este panorama a finales del año pasado se inició el proceso para que sea una empresa o un actuarial costarricense el que realice el nuevo estudio.
