Editorial
Es muy común ver en las calles de nuestra ciudad a un niño de corta edad vendiendo flores, a una pequeña de voz tenue mercadeando chicles y confites, o bien pidiendo en las mesas de las sodas o restaurantes. El corazón se estruja, la lástima carcome la mente y surgen en ese momento una y mil preguntas sobre la vida de estos menores, sus padres, el lugar donde residen y demás.
Es inevitable, cualquier ser humano sucumbe ante el rostro inquietante de esos niños tal vez hambrientos, agredidos o abusados.
La mirada no engaña, la vida en las calles no es fácil y menos cuando se sufre el flagelo de la pobreza, la miseria, el maltrato y el abandono.
Cifras del XVIII Estado de la Nación indican que en Costa Rica uno de cada tres niños y adolescentes sufre escases de recursos.
En números mayores de 300 mil menores, 100 mil están en condición de vulnerabilidad, lo que les hace propensos a integrarse en le mercado laboral antes de tiempo sin que nadie pueda medir las consecuencias.
Datos del Ministerio de Trabajo destacan que entre junio de 2010 y mayo de 2011 se detectaron 588 personas menores de edad trabajadoras, de las cuales 57 son menores de 15 años, es decir no tienen la edad requerida por ley (artículo 92 del Código de Niñez y Adolescencia) para trabajar.
Una buena parte de estos menores en riesgo son procedentes de zonas rurales de Alajuela, San José y el puerto de Puntarenas, dedicados a tareas comerciales, servicio doméstico, industria y agropecuarias.
El restante, cerca de un 60% está inmerso en labores peligrosas que ponen en riesgo la salud y la integridad física como la explotación sexual comercial.
En los últimos casi doce años, los casos registrados pasaron de 113.000 a 47.400 (70% son varones y 30% mujeres con edades entre los 5 y 17 años); si bien es un descenso importante, no implica bajar la guardia, por el contrario, es el momento justo de implementar políticas públicas tendientes a seguir disminuyendo el problema y generando las condiciones óptimas de desarrollo infantil.
Mañana se celebra el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, y de nuevo se hace un llamado vehemente a los empresarios y comerciantes, a los dueños de fincas, a la industria y empleadores domésticos para que entre sus “planillas” no figuren bajo ninguna circunstancia menores de edad.
“El trabajo es para grandes” pregonaron algunos manifestantes el año anterior cuando salieron a las calles para pedir al gobierno soluciones prontas para la niñez que aun sigue inmersa en esta cruel realidad.
Y es muy cierto, ningún patrón podría, amparado a la normativa legal, mantener su negocio o realizar sus labores con manos infantiles, vulnerables y necesitadas, eso es un abuso desde toda óptica.
Con esto no estamos diciendo que enseñar a los menores a trabajar es malo o irresponsable. ¡No! Los padres estamos en la obligación de mostrar el esfuerzo diario (con el ejemplo) que implica llevar los alimentos y el vestido al hogar; es un tema de responsabilidades y obligaciones, sin dejar de lado los derechos. En muchos casos los niños y niñas ayudan a sus progenitores en labores sin que implique explotación o abuso.
Trabajar no hace malo a nadie, pero todo en las medidas exactas y al tiempo correcto.
Las autoridades locales trabajan con sobre “hoja de ruta” trazada hace ya un par de meses, en busca de alternativas oportunas y acertadas para dicha población.
Sin embargo, hay mucho por hacer y no le corresponde únicamente al Ministerio de Trabajo, acá los esfuerzos deben ser conjuntos.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación (MEP), Ministerio de Salud, Seguridad Pública, municipios de todo el territorio nacional, Ministerio de Planificación, fondos nacionales de becas, Migración y Extranjería, Ministerio de Vivienda y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) deberían sentarse a la mesa y conversar el tema, proponer ideas y concretar alternativas.
Hay situaciones evidentes que deben ser atacadas de raíz y con ello posiblemente las estadísticas se tornen cada vez más positivas, por ejemplo la deserción estudiantil, la migración, la orfandad y la pobreza son situaciones de vida que echan a la calle a miles de pequeños y que probablemente tengan una respuesta, pero más que nada son una responsabilidad del Estado.
Promovamos de una vez por todas que lo convenido no quede en el papel, hagámoslo verbo, acciones inmediatas para cumplir la meta del año 2020, fecha en que se pretende acabar con las cifras nefastas del trabajo infantil.
Elaboremos nuestra propia protesta contra quienes de forma abusiva obligan a los niños, niñas y adolescentes a buscar sustento cuando su derecho es permanecer en los salones de clases, bien alimentados y vestidos, saludables y alegres. El cambio empieza por uno.
