A menos de un mes del Día Mundial de Respuesta Contra el Sida, el gobierno impulsa el proyecto de Ley de Reforma Integral a la Ley General del VIH.
Con este instrumento se quiere garantizar la eliminación de cualquier tipo de discriminación y reconocimiento a las libertades fundamentales de quienes viven con esta condición.
Dos elementos básicos que contempla la reforma son prohibir que un empleado con VIH pueda ser despedido o se le reubique; asimismo este no será acusado penalmente si transmite la enfermedad sin saberlo.
Según datos oficiales, en suelo tico viven con esta condición 6.606 personas, en el 2013 se registraron 694 casos nuevos, de los cuales 56 evolucionaron a sida.
“Lo que hace vital esta nueva ley es que actualiza una legislación que se hizo en momentos en que se sabía mucho menos sobre el VIH y el sida. Con este proyecto estamos proponiendo un nuevo abordaje del tema desde el enfoque de los derechos humanos”, enfatizó la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.
SANCIÓN
La ministra de Salud, Mara Elena López, también resaltó que el proyecto incluya reforma el Código Penal, de tal forma que se establezcan sanciones de entre 40 y 80 días para quien discrimine por orientación sexual, condición de salud o enfermedad, como es el caso del VIH.
La presentación de la iniciativa es respaldada por el Programa de Naciones Unidas (PNUD).
“El estigma y la discriminación que las personas con VIH enfrentan sigue siendo considerable en todas las regiones del mundo. Continuamos aproximándonos de maneras punitivas al VIH, como la criminalización de la transmisión. Esto demanda poner fin a la violación de los derechos humanos que ha alimentado la propagación del VIH si queremos construir una respuesta mundial sustentable, fundamentada en estos principios universales", enfatizó la representante del PNUD, Yoriko Yasukawa.
El proyecto de ley se mantiene en discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Mientras avanza en el Congreso, el gobierno giró una directriz que impulsa a las instituciones públicas a fortalecer programas de prevención y respuestas al VIH y sida.
