La criminalización de la pobreza femenina

Las políticas implementadas en el marco de la llamada Guerra Contra las Drogas en Centroamérica han sido mucho más que contraproducentes para las mujeres en zonas marginales, han sido catastróficas. Lejos de garantizar el orden público, han dejado una huella de sangre y sufrimiento. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, ha declarado que “el tema de las drogas tiene una fuerte dimensión de género que todavía queda poco visible “.

Un claro indicador del rostro crecientemente femenino de la Guerra Contra las Drogas son las crecientes tasas de encarcelamiento de mujeres. Inccluso, la población carcelaria femenina ha crecido a una tasa alarmante: en América Latina casi se duplicó durante los últimos cinco años, al pasar de 40.000 en 2006 a 74.000 en 2010. Actualmente se calcula que el 64% en Costa Rica, 75 a 80 % en Ecuador, 30 a 60% en México, 60 % en Brasil y 70 % en Argentina de las mujeres están encarceladas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Esta tendencia plantea un desafío aún más complejo, lo cual precisa adoptar medidas ahora mismo. En efecto, debe tomarse en cuenta que el encarcelamiento de las mujeres conlleva una desintegración familiar, en particular, cuando se considera que cada vez existe una mayor proporción de familias monoparentales, lideradas exclusivamente por una jefa de hogar, y las cuales algunas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La Vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, afirmó, que la mayoría de las mujeres privadas de libertad son “jóvenes, pobres, analfabetas, madres solteras”.

Cabe destacar que la mayoría de esas mujeres privadas de libertad están en los escalones más bajos del mercado ilícito de drogas. Lejos de ser la contraparte de los capos, son los conserjes del cartel. Efectivamente, son mujeres que recurren al tráfico ante una situación de desesperación económica. Muchas de ellas nacen en condiciones de vulnerabilidad social, son víctimas de abusos o violencia (de diversa índole) en el seno de sus familias y son criminalizadas por el sector estatal. Cabe subrayar que son mujeres que nacen en marginación social, nunca estuvieron “integradas” antes de ser privadas de su libertad, por lo cual es paradójico discutir su “reintegración” después de cumplir su sentencia… Más bien, después de salir de la prisión, siguen siendo mujeres sin acceso a la educación, al trabajo digno, son madres solteras y con el estigma adicional de haber estado en prisión.

En este sentido, las políticas represivo-punitivas no solo han fracasado al ser incapaces de garantizar la seguridad en la región, sino que también han tenido un efecto desastroso, pues han resultado en la criminalización de la pobreza femenina, y la estigmatización de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Es un fenómeno poco sorprendente, la historia muestra que las violaciones a los derechos humanos suelen llevarse a cabo con mayor brutalidad contra los grupos estigmatizados o marginados. Las personas en condiciones de pobreza han sido marginadas y estigmatizadas no solo a través de leyes y políticas, sino también en el imaginario público.

Examen crítico. El fenómeno de las drogas es preocupante y el efecto que el tráfico y el crimen organizado tienen en nuestras sociedades debe ser examinado críticamente para determinar cómo proceder. Nos debemos alejar de las soluciones simplistas que reducen el fenómeno a una lucha maniquea para eliminar el “mal”, y que privilegian la interdicción de drogas por encima de los demás enfoques. La realidad es que, lejos de ver el fenómeno de drogas desde una perspectiva estrictamente criminal, se debe tomar en cuenta también el trasfondo social y generar políticas de prevención social.

Las drogas se han convertido en una especie de lupa que magnifican injusticias y debilidades sociales subyacentes. La solución no es perpetuar medidas que profundizan el sufrimiento de los sectores más marginados, sino un enfoque multidimensional, como por ejemplo, el modelo del Harm Reduction Coalition, el cual trabaja a nivel individual, comunal y organizacional para redefinir el panorama social, mediante programas focalizados en los grupos más vulnerables, tomando en cuenta sus idiosincrasias culturales, creencias y necesidades. Es decir, deben desarrollarse enfoques basándose en la inclusión y no en la punición, y así haciendo de los derechos humanos una herramienta programática y no una metáfora muerta.

*Master en Derechos Humanos y Humanidades.

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Martes 19 Agosto, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Glorianna Rodríguez