Óscar González, acusado de varios delitos de violación sexual, fue echado ayer de su puesto de magistrado de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, 53 diputados votaron de manera unánime para revocarle el mandato.
Esto es un hecho histórico en nuestro país, es la primera vez que la Asamblea Legislativa destituye a un alto funcionario del Poder Judicial. Incluso la discusión ayer en plenario fue abierta y no secreta, la votación se realizó de manera nominal, o sea pública, también sucesos insólitos.
Sobre González pesan varias acusaciones de violación y acoso sexual realizadas por la jueza Priscila Quirós, con esta resolución su caso ahora deberá ser juzgado en un tribunal penal ordinario.
En la votación se ausentaron los diputado Óscar López de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Humberto Vargas de la Unidad Social Cristiana (PUSC), además de Marta Arauz y Danny Hayling del Partido Liberación Nacional (PLN).
En la sesión de ayer los padres de la patria aprobaron una moción para dispensar de lectura el informe elaborado por la comisión legislativa especial que indagó estos hechos integrada por Antonio Álvarez, Edgardo Araya y Carmen Quesada. Ese órgano recomendó la destitución del funcionario.
Seguidamente procedieron con la realización de un debate reglado en el cual cada fracción legislativa contó con algunos minutos para externar su posición respecto a este acontecimiento.
Cerca de las 7 de la noche el presidente del Congreso preguntó a cada uno de los legisladores presentes si estaba de acuerdo con la recomendación de destituir al magistrado y de esta manera quedó sellado el destino del funcionario.
EN EL PSIQUIÁTRICO
Los hechos no escaparon de la controversia cuando desde buena mañana del lunes trascendió que el acusado estaría internado en el Hospital Nacional Psiquiátrico, situación que fue confirmada por el legislador Antonio Álvarez quien también reveló que González estaría recluido en ese lugar desde el sábado pasado.
En las primeras horas de este martes Katherine González Soto, hija del hoy exmagistrado, trató de ayudar a su papá; interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que tenía la finalidad de frenar la destitución, pero a la hora del despido el tribunal constitucional no se había resuelto si se admitía o no, por lo cual el trámite siguió su curso.
El funcionario judicial ya había logrado alargar esta decisión cuando hace algunos días presentó un recurso de amparo y acción de inconstitucionalidad que detuvo de manera temporal la votación de su destitución, pero fueron rechazados por la Sala desde el jueves pasado, esto dio vía libre para que en el primer poder de la República procediera con su despido.
Incluso la semana pasada el magistrado debía presentarse ante el plenario pero a última hora se anunció que estaba incapacitado por enfermedad y se salvó de verle la cara a los diputados.
REACCIONES
“Aquí estamos dando más que una señal a los costarricense, con esto demostramos que las leyes no solo están en el papel sino que sin importar el puesto o situación económica, está para cumplirla”, fue la reacción de Carmen Quesada del Movimiento Libertario.
Ella fue parte de la comisión que investigó las acusaciones de violación, comentó que cuando recibió al acusado en audiencia, “pude sentir el poder y la intimidación de González al referirse solo a mí como diputada cuando había dos compañeros más, no se si a ellos los miraba como iguales y a mí, por ser mujer, de otra manera”, indicó.
Quesada dijo ya cumplieron y ahora corresponde al Poder Judicial proceder con el juicio penal.
NUNCA SE HABÍA HECHO
Karla Prendas, subjefa de fracción de Liberación Nacional, resaltó que es la primera vez en la historia del país que se realiza una acción de estas. “es un tema muy delicado”, subrayó.
La verdiblanca resaltó que este proceso no es para determinar si es culpable o no de los delitos por los cuales se le acusan, “esa no es nuestra competencia”.
Con respecto al hecho de que la votación fue pública al igual que la sesión, Prendas dijo que el objetivo fue de ser lo más transparente posible, “hacerlo de una forma adecuada, que permita a la parte jurídica y penal tomar una decisión, me parece que es un buen precedente para nuestro país”.
Insistió que en todo momento se cuidó el respeto al debido proceso y resaltó que este caso no se llevó con atropellos ni persecuciones, “ahora viene lo que procede en los tribunales”.
Esta legisladora fue muy precavida en el tema de las mujeres relacionadas al caso, ya que a pesar de que existe una presunta víctima también se debe considerar la situación que vive la esposa del magistrado e incluso su hija,
PRÁCTICAS DILATORIAS
Quien llevó la batuta en este caso fue el verdiblanco Antonio Álvarez a quien le correspondió presidir la comisión investigadora, criticó que se usaron prácticas dilatorias para que le plenario no se pronunciara, “creo que hoy no mordimos el anzuelo”, comentó.
“En los primeros días me parece que realmente él estaba en el ejercicio de sus derechos, y lo que la ley pone a su alcance. Pero después de que se da este internamiento (en el psiquiátrico) me parece que es una práctica dilatoria para evitar un pronunciamiento”, aseveró.
RESPETO AL PROCESO
Rosibel Ramos de la Unidad Social Cristiana (PUSC) resaltó que a González se le respetó el debido proceso y desmintió algún tipo de linchamiento político, laboral, sexual o de ningún tipo.
“Como mujer estoy de acuerdo con la destitución, estamos diciendo al pueblo que sí se puede denunciar a altos jerarcas. Queremos que las personas que cometen este tipo de atrocidades sean juzgadas, y estamos dando un ejemplo de eso”, señaló.
En cuanto al tema de que la votación se hiciera pública o nominal quienes más insistieron en este procedimiento fue la bancada de Acción Ciudadana (PAC), su jefa de fracción Emilia Molina así lo confirmó.
“Creo que aquí enviamos dos señalas, una para las mujeres para no tener temor de denunciar el acoso sexual. Lo otro es que no haya impunidad, si la asamblea nombra al funcionario también le puede revocar el puesto”, finalizó.
