Editorial
Cada día es más frecuente ver cómo los hogares costarricenses dependen más de la ayuda de una tercera persona para realizar los quehaceres de la casa. Las nuevas obligaciones que tienen las parejas en donde ambos cónyuges trabajan fuera de la vivienda han llevado a la contratación de una persona que no solamente les limpie, ordene y haga la comida, sino que en muchos casos se encargue del cuidado y atención de los hijos.
Estas “asistentes del hogar” muchas veces son las mismas personas que anteriormente trabajaron para los padres de la pareja, por lo que la relación de confianza es parte de la cotidianidad, llevando incluso a que en ocasiones puedan darse abusos para con ellas.
La realidad de las empleadas domésticas, a lo largo de la historia, ha estado ligada por distintas situaciones a casos de agresión y abusos.
Desde los primeros años de la colonia existe un grupo social que por contar con los recursos económicos -para tener asistencia en el hogar- contrataban los servicios de las domésticas, sin embargo hubo patrones que se creyeron con derechos sobre estas dándose situaciones de abusos sexuales y violencia dentro de las casas, mismas que no eran denunciadas por miedo a perder el trabajo.
A pesar de que todavía este mal no se ha erradicado, sí se puede decir que son menos los casos de tal índole que llegan a conocerse. Además, la edad mínima para realizar este tipo de labores remuneradas en el hogar es de 15 años, lo que permite a las trabajadoras ser más conscientes de sus derechos.
La Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) ha venido realizando una serie de acciones para reivindicar sus derechos, haciendo entender primero a las autoridades gubernamentales y luego a los patronos que quienes realizan este oficio son personas con derechos y no esclavas que responden a las necesidades, según le convenga al jefe, irrespetando incluso los horarios máximos de empleo.
Escudados en el mensaje de que las servidoras domésticas son un miembro más de las familias, se les han venido reduciendo sus derechos, al punto de que muchas de ellas tienen descansos de tan solo 6 horas diarias, porque deben estar a disposición de lo que se necesita en el hogar, pese a que son asalariadas y por ello deberían responder únicamente a cumplir con las labores contratadas, en un espacio determinado de tiempo ya previamente definido.
Aquí la pregunta que cabe es ¿por qué si este no es un tema nuevo, los jerarcas conocen de esta realidad y son conscientes de la esclavitud solapada en la que se les tiene, no hacen nada?
¿Será acaso que ellos no quieren obligar a la ciudadanía y a su vez a sí mismos a cumplir la ley y proteger a esta población tan vulnerable?
Es probable que sí tengan derecho a que económicamente se les reconozca más de lo que en la actualidad se les paga, pero ¿será esto una soga para su propio pescuezo?, pues ahora se pensará dos veces antes de buscar asistencia en el hogar, o se incrementará la contratación por horas, que al no estar tipificada en la Caja Costarricense de Seguro Social, no permite que recaiga sobre ellas los beneficios de la Seguridad Social.
Es momento que la sociedad medite acerca de la nueva realidad que se está viviendo y modifique conductas aprendidas, para que podamos vivir en una Costa Rica más justa e igualitaria.
Las empleadas domésticas no son parte de nuestra familia, pero merecen el respeto y consideración por su trabajo, pero sobre todo el agradecimiento porque en la mayoría de los casos, la labor que realizan las lleva a compenetrarse tanto con los miembros del hogar que nace un sentimiento de pertenencia y cariño que debe también ser valorado.
