El sexo como trabajo, un derecho a reconocer
En los últimos años, el comercio sexual con fines de lucro ha ganado más aceptación, y junto con él ha llegado más investigación que relata el surgimiento de un movimiento de las personas trabajadoras del sexo. En esta línea, es que en su recién publicado libro “Sex Workers Unite: A History of the Movement From Stonewall to SlutWalk” Melinda Chateauvert (2014) desvela el papel de quienes ejercen la labor del trabajo sexual como parte de un movimiento por la justicia social, en contraposición a la patologización, sensacionalismo y otras miradas moralizantes, entre esas, aquella que ubica a quienes ejercen esto, como víctimas y esclavas que deben ser salvadas.
Hoy es posible reconocer cuatro esquemas generales -con sus matices- para concebir el trabajo sexual: abolicionismo, prohibicionismo, legalización laboral y reglamentario.
El prohibicionismo y abolicionismo son los hegemónicos, que devienen de la moral judeocristiana y alguna corriente del feminismo radical. En el primero, el trabajo sexual es algo intrínsecamente desordenado y contrario a la dignidad humana; en el segundo, quienes lo ejercen son criaturas tristes, sin capacidad de agencia y abyectas, sometidas bajo el imperio sexista, víctimas que deben salvarse.
A pesar que desde 1975, prostitutas ocuparon la iglesia Saint-Nizier en Francia, para denunciar la violencia sistemática que vivían de un Estado policial, y la situación de riesgo en que les colocaba la sociedad en general. Y que solo años antes, en Stonewall Inn de Greenwich Village, fueron las trabajadoras del sexo, transgéneros e inmigrantes como Sylvia Rivera, quienes se levantaron en desobediencia civil contra un orden injusto. El abolicionismo insiste en reproducir el patrón de no reconocimiento de la subjetividad y el cuerpo de quienes ejercen el trabajo sexual como fuente de verdad y de valor: no saben, no pueden, no son sujetos políticos ni económicos, nos dice.
El trabajo sexual es complejo y agrupa múltiples oficios, por lo que su análisis debe contemplar su existencia en el marco del proceso de globalización bajo esquema neoliberal. Destacando la labor de quienes luchan por garantizar condiciones de vida digna y autonomía, sobre las políticas urbanas de gentrificación, antisindicalización y desregulación laboral, así como las asimilacionistas de respetabilidad y higienización en la que se mueven algunos grupos LGBT y feministas.
La historia de los centros urbanos es, en formas palpables, la historia de sus trabajadores sexuales.
Es también la historia de cómo el Estado ejerce su poder para hacer distinciones entre ciudadanos buenos y malos, lugares deseables y no deseables para vivir. En San José son evidentes los barrios que han sido marcados como “zonas rojas” en base a la presencia de trabajadoras sexuales de la calle, en tanto los de buen nombre -que coinciden con mayor índice de desarrollo humano-, son en los cuales el Estado ha mostrado eficiencia para barrer a los profesionales del sexo de las esquinas.
El círculo virtuoso de la sexualidad, que dibujó Gayle Rubin, relativamente independiente del sistema de sexo/género, el cual define los buenos y malos sujetos sexuales, al mismo tiempo que justifica la violencia, el estigma e impone ciertos deseos, marca las fronteras sexuales. Debe existir claridad respecto a que lo único indigno del trabajo sexual consensuado son las condiciones de riesgo y precariedad en que se realiza, es decir la violencia social y económica que estigmatiza, condena la clandestinidad y pobreza.
A pesar de ello hay algunas cuestiones que no cambian, como el hecho de que si una persona en trabajo sexual acude a la Policía para decir que fue violada, sea tomada como broma. Porque ustedes saben, “¿cómo podría ser violada si es una puta?” Es la forma en que se ven las cosas. Como a las mujeres casadas: “¿Cómo puede estar casada y ser violada por su esposo?” Aunque eso podría llevarnos a otras interrogantes, ¿no es el contexto marital una forma de intercambio de servicios más riesgosa y opresiva que cualquier trabajo sexual? “Tengo a mi marido por un cliente, uno que además me golpea y amenaza de muerte sino le satisfago”, he escuchado.
Más que institucionalizar el trabajo sexual, lo fundamental pasa por dotar de condiciones mínimas a quienes lo ejercen para que puedan tener autonomía, seguridad y vida digna. En ese sentido, el nuevo gobierno tiene herramientas en la construcción de política pública mediante los Ministerios de Trabajo, Salud e Instituciones Autónomas que cambien ese lugar de opresión, marginación e invisibilización; por otro, que reconozca el trabajo sexual autónomo en el país garantizando los Derechos Humanos y laborales de las personas que ejercen esta actividad.
*Estudiante UCR-UNA
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Jueves 08 Mayo, 2014
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Por: Edvan Córdova Vega / [email protected]
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