Mujeres y desigualdad carcelaria
Los derechos de las mujeres recluidas en los centros penales del país y su estado de vulnerabilidad, así como los factores que agravaban su situación familiar, son temas urgentes de abordar por las autoridades de gobierno y entes no gubernamentales, pues para nadie es un secreto que el sistema carcelario nacional es desigual en género.
Lejos de lo que Costa Rica pregona en el resto del mundo en materia de igualdad y derechos humanos, los privados de libertad ubicados en todo el territorio nacional y quienes pueden alcanzar los 13 mil, viven en condiciones deplorables e insalubres las cuales atentan contra su propia vida.
Cuando se trata de condiciones dignas de vida, tanto hombres como mujeres son semejantes.
Lo cierto es que este último grupo permanece tras las rejas en situaciones desventajosas pues ponen en jaque no solo el desarrollo de sus condenas, sino también el crecimiento de sus hijos, además la pronta y sana reinserción a la sociedad.
La población penitenciaria femenina no supera ni las mil (apenas un 6% de la totalidad), más de un 80% está haciendo frente a la justicia por violar la ley de psicotrópicos, el resto por delitos varios que van desde homicidio, asaltos, agresiones con armas, abusos deshonestos y robos.
La mayoría son madres solas, jefas de hogar, sin trabajo ni estudios, aspectos que a todas luces las convierte en el blanco perfecto de la criminalidad, no solo en Costa Rica ya que se trata de un patrón idéntico en otras latitudes.
La carencia de oportunidades para este sector y las pocas posibilidades económicas, en contubernio con algunos casos de violencia doméstica, hacen complejo y casi irremediable el diario vivir.
No estamos acá justificando las infracciones a la ley ni mucho menos, por el contrario, conscientes de un problema que atañe a un buen número de la población femenina se hace necesario aplicar medidas urgentes, efectivas y rentables, pero ante todo acordes con el entorno y la realidad de las familias de las reclusas.
Cualquiera suele pensar que barrotes adentro el problema está frenado, pero no es así. Para tal cantidad de internas, el Ministerio de Justicia solo posee tres centros de reclusión: Guanacaste, Pococí y el conocido Buen Pastor, ubicado en San Rafael de Desamparados, San José.
Este último sitio, que además enfrentó problemas de inundaciones y deslizamientos con las lluvias del año anterior y carece del espacio necesario, alberga a la mayor parte de la población incluyendo mujeres cuya residencia podría estar perfectamente colindante con la zona norte o sur del país.
A diferencia del resto de los 12 penales, acá se ven afectadas por no tener a sus seres queridos cerca.
En los días de visita hay quienes comparten solo con los allegados de sus compañeras, pues en sus casas deben trasladarse hasta la capital y el dinero apenas da para la comida y no para los pasajes o el hospedaje.
Así de terrible, mientras las filas son interminables en los penales masculinos y ni qué decir de las famosas “bombas” (encargos de comidas), las internas deben ingeniárselas para salir adelante en las celdas, mientras parientes o bien ajenos se hacen cargo de sus hijos e hijas menores de edad, de la comida, la vestida y hasta la educación.
Las autoridades saben que la situación es desventajosa por montón, pues aún cuando las jefas de hogar permanecen encerradas deben, casi que por control remoto, seguir dirigiendo la vida de sus retoños y en ocasiones hasta de padres mayores.
El asunto requiere de conversaciones prontas y más cuando el Congreso aprobó hace un par de días la disminución a las penas de cárcel por narcotráfico y la compra de brazaletes electrónicos. Aún queda esperar el segundo debate, pero eso no debe ser paso atrás en la generación de propuestas por parte de las mismas autoridades.
La nueva ministra, Ana Garita, podría ponerse una flor en el ojal (en lo poco que queda de la administración) conociendo de cerca la sensible situación de las reclusas pues está a la cabeza de un ministerio que ha sido durante este periodo bien cuestionado y promover cambios a favor de dicha población.
Cuando existen alternativas a la pena privativa de libertad y tratándose de mujeres que velan por sus hogares, hijos y padres, el sistema debe estudiar y acceder a aplicarlas favoreciendo la socialización, el desarrollo familiar, la reinserción y la desaturación de los centros que ya no dan abasto.
La labor requiere de integralidad, cuerpos policiales preventivos y represivos, fiscales, jueces, defensores, policía penitenciaria, instituciones de ayuda social y educativas; salud y trabajo pueden ponerse las pilas y promover condiciones favorables para las mujeres infractoras y así lograr no solo el cumplimiento de una sentencia en todos sus extremos de forma responsable, sino la reducción en la reincidencia que tanto afecta en los niveles de hacinamiento hoy registrados.
