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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó a Diario Extra que las universidades públicas pueden hacer uso de sus superávits presupuestarios sin necesidad de solicitar autorización a su cartera.
“No requieren de ninguna autorización de parte nuestra. Las universidades son fiscalizadas por la Contraloría y son ellas quienes deben presentar el presupuesto cada año”, explicó el jerarca.
Acosta señaló que la principal limitación existente era la aplicación de la regla fiscal, la cual restringe el crecimiento del gasto público con base en la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda del país.
“Sin embargo, en el 2024 se hizo una reforma a la regla fiscal para que las universidades pudieran utilizar los superávits, pero dado que la relación deuda-PIB cayó por debajo del 60% en el 2024, ya no tienen esa limitación”, agregó.
El jerarca explicó que las instituciones de educación superior pueden destinar los recursos no ejecutados al presupuesto del año siguiente, aunque exclusivamente para gasto de inversión, como la construcción de infraestructura o la compra de nuevo equipo.
Según datos de la Contraloría, durante 2024, los superávits acumulados por las cinco universidades públicas del país ascienden a ¢97 mil millones.
La Universidad de Costa Rica (UCR) concentra el mayor porcentaje, con un monto no ejecutado de ¢57 mil millones.
Por su parte, la Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) registraron superávits de ¢22 mil millones y ¢13 mil millones, respectivamente.
Cabe aclarar que no todos los recursos se pueden usar, pues una parte es superávit libre y otro específico.
Durante las conversaciones del FEES, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda propusieron un incremento del 0,8%, equivalente a ¢4.700 millones.
No obstante, este aumento podría alcanzar hasta un 1,5%, dependiendo del comportamiento de la inflación en lo que resta del año. Desde el sector universitario, Conare planteó una solicitud de aumento del 2,5%, equivalente a ¢14 mil millones, con lo que el presupuesto total para 2025 alcanzaría los ¢587 mil millones.
