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El jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO) y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, coincide en que existe una clara falta de control y debilidades en la gobernanza de las asociaciones solidaristas, por lo que urgió a las juntas directivas y a los afiliados a asumir un rol protagónico en la fiscalización de sus recursos, evitando desviar dineros a terceros sin las regulaciones pertinentes.
Las posturas del legislador se dan en momentos en que el sector administra recursos equivalentes al 4% del PIB y agrupa a más de 360.000 trabajadores. Pese a la magnitud de los fondos, las entidades no están sujetas a la supervisión prudencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), tras la exclusión dispuesta por el Conassif en 2021.
Al analizar el panorama actual, Acosta no ocultó su preocupación por las falencias internas en el manejo solidarista.
“Es importante que las juntas directivas se preocupen por la forma en la que se utilizan los recursos de todos los trabajadores y ahí yo creo que sí hay una debilidad en la gobernanza de las asociaciones solidaristas”, enfatizó el diputado.
Ante esta situación, el parlamentario sostuvo que la prioridad debe centrarse en delimitar las actividades operativas y frenar la exposición de los ahorros en negocios ajenos al beneficio directo de los asociados.
“Debemos fortalecerlo de previa a cualquier regulación porque, entender algo, las asociaciones solidaristas no deberían estarle prestando a terceros, no deberían estar entrando en estos negocios, deberían enfocarse en los créditos hacia los asociados, en actividades que les permitan agregarle valor a esos asociados y no en estar asumiendo riesgos que no les corresponden”, advirtió Acosta.
Asimismo, el legislador insistió en que el control primario recae sobre los propios afiliados al elegir sus administradores.
“Cada uno es responsable de las personas que elige para tomar decisiones y esa es la gran preocupación porque en algunos casos termina siendo el gerente persona que no tiene un interés directo en la asociación tomando decisiones que afectan a todos los trabajadores”, remarcó.
El enfoque expuesto por Acosta contrasta con la posición institucional respaldada durante su paso por el Ministerio de Hacienda. El 12 de junio de 2025, mediante el oficio MH-DM-OF-0913-2025, el entonces ministro firmó el criterio de la entidad sobre el Expediente 24.053, proyecto planteado tras el caso ASEBANACIO para combatir la corrupción en asociaciones con intermediación financiera.
En aquel documento enviado a Comisiones Legislativas, Acosta apoyó la supervisión externa:
“Consideramos que el fortalecimiento de la fiscalización, especialmente a través de la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), mejora la estabilidad del sistema y reduce los riesgos para los ciudadanos que utilizan los servicios de estas asociaciones solidaristas. Un mayor control permite garantizar la correcta administración de los recursos públicos, fomentando la confianza en el sistema financiero y protegiendo los intereses de los usuarios”, cita el oficio.
Sin embargo, como diputado, Acosta descartó promover reformas para someter al sector al control de SUGEF.
El jefe de fracción descartó que se tenga en la mira un nuevo texto en esta materia. “No lo estoy viendo. Creo que nosotros tenemos que fortalecer la ley de asociaciones solidaristas más que establecer una regulación y establecer un poquito o delimitar mejor en cuáles actividades pueden participar y cuáles no”, concluyó.
