Rocío Aguilar: “Deberían ser las propias asociaciones solidaristas las que entiendan la importancia de contar con esas reglas”

¿Deberían ser las propias asociaciones solidaristas las que impulsen cambios para una fiscalización más rigurosa de sus recursos, considerando la protección de la cesantía de los trabajadores?

Para Rocío Aguilar exsuperintendente de entidades financieras y pensiones, la respuesta es que esa iniciativa de mayor supervisión debe salir de las propias asociaciones.  

“Deberían ser las propias asociaciones las que entiendan la importancia de contar con esas reglas, de contar con algún nivel de fiscalización o de supervisión y no centrar la discusión de si le toca a A o a B, sino que nazca de ahí y que todo ese peso político que tengan se pueda más bien desdoblar hacia mejores prácticas de regulación”, explicó Aguilar en conversación con Grupo Extra.

El tema de establecer reglas más concretas sobre el manejo interno de estas asociaciones cobra nueva relevancia, luego que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud), giró $2,32 millones a la productora de Don Stockwell para financiar el concierto de Snoop Dogg, sin contar con garantías reales que respaldaran la inversión.

Tras la cancelación del espectáculo en el marco de la investigación del caso Éxodo, por presunto lavado de dinero, un juzgado ordenó la suspensión de la junta directiva de la asociación.

Urge regulación

Para Aguilar esa regulación debe hacerse proporcional, por niveles, dependiendo del tamaño que tenga cada asociación y su complejidad. 

“Dado el tamaño de algunas de estas asociaciones yo sí creo que es importante buscar mecanismos de regulación y de supervisión”, mencionó.

La también exministra de Hacienda en el último gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pone una primera bandera roja para las asociaciones, y es que no deberían hacer préstamos a terceros.

“Soy más de la tesis que no deberían prestarles a terceros, porque ya ha habido toda clase de experiencias y se podrían establecer límites prudenciales desde la misma ley”, indicó.

Aguilar agrega que se deberían hacer auditorías externas independientes. 

“Y tal como existe en el sector financiero, sea bancario o no, se debería establecer algún instrumento de resolución cuando haya algún problema o contingencia”, dijo.

¿Debería ser la Sugef la entidad que regule a las asociaciones solidaristas?, le preguntamos a la exjerarca. 

“Aquí hay varios candidatos, pero yo diría que aquí hay unas normas o regulaciones que se podrían establecer en la propia ley. Porque el mecanismo de fiscalización o supervisión este más vinculado al cumplimiento de esas normas. En manos de quién debería quedar eso, debe ser una supervisión especializada con conocimiento y que tenga el presupuesto del caso”, explicó.

El tema del presupuesto es clave, y Aguilar recuerda que fue una traba importante porque se incrementan las responsabilidades en este caso para la Sugef, pero no los recursos. 

“Hay gente que ha pensado en el propio Ministerio de Trabajo, que algún papel tiene en eso, pero igual debería contar con los recursos”, agregó la exministra.

“Deberían ser las mismas asociaciones, ya tienen muchos años de existencias, y ya hemos tenido muchas experiencias, yo sí creo que hacer préstamos a terceros a empresas, ese tipo de cosas las excluiría de una vez y en materia de inversiones establecer límites máximos en un solo emisor, por ejemplo. Ha sido un modelo de enorme beneficio a los trabajadores, no debería cosas que puedan suceder en el camino tener efectos nocivos sobre un esquema tan importante y con un alcance social de alta relevancia”, enfatizó.

Aguilar también espera que incluso la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) debería plantear nuevas reglas, de inversión, de gobierno, de los comités de crédito, de auditoría y que auditores externos den cuenta de esto.

¿Por qué ha costado la regulación?

Aguilar cree que ha existido una resistencia a la regulación, porque en el fondo “quita” algunos grados de libertad, sin sopesar la importancia que tiene la supervisión.

“El mismo sector tiene mucho peso político y de alguna forma se ha opuesto a ser supervisado. Cuando se les eximió (en 2021) lo vieron como una decisión acertada y no buscaron formas colaterales de llegar a ese camino”

“Nosotros mismos en su momento como supervisores, de alguna forma se apoyó esa excepción de la supervisión porque eran organizaciones o entes que carecían de normas que se les pudiera exigir en gobierno corporativo, entonces había pocos incentivos para entrar en esa discusión”, reconoce la exjerarca de Sugef.

Y que finalmente se pueda proteger el fondo de cesantía de los trabajadores.