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En un comunicado emitido este sábado 10 de octubre, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, catalogó de “rotundamente falsas” las publicaciones y denuncias sobre supuestos abusos, agresiones y heridos durante una intervención efectuada en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
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El jerarca sostuvo que la diligencia realizada en el Complejo de Occidente junto al Ministerio de Seguridad Pública correspondió a un operativo de requisa rutinario, en el cual se emplearon escáneres móviles y se logró el decomiso de una importante cantidad de armas punzocortantes.
“Es evidente que ante la inminente apertura del CACCO hay tensión en la población privada de libertad y recurren a este tipo de denuncias sin fundamento alguno”, aseveró Aguilar para explicar el origen de los señalamientos.
El ministro aclaró además que, durante la permanencia de las autoridades en el centro penal, fueron alertados sobre un conato de huelga de hambre en uno de los pabellones. Según detalló, tras un proceso de diálogo directo con los internos, estos accedieron a ingerir los alimentos de forma pacífica.
Asimismo, Aguilar reiteró la falsedad de la información que circuló la noche del viernes sobre la presunta muerte de un privado de libertad de apellido González, la cual calificó como un reporte realizado de manera “malintencionada”.
Respecto a la investigación de oficio abierta por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la dirección funcional del Fiscal General de la República, Carlo Díaz, el titular de Justicia manifestó que la medida no le tomó por sorpresa.
“En una entrevista esta semana en un medio de comunicación, mencioné que yo decía media palabra y Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, abría de inmediato una causa penal como lo hizo el lunes y martes de esta semana, sumando ocho causas penales en total contra mí, cinco de ellas por abuso de autoridad, eso llama poderosamente la atención. Esa es la realidad de las cosas”, concluyó el ministro.
Las autoridades judiciales continuarán con las pesquisas correspondientes para determinar el alcance de los hechos denunciados dentro del recinto penitenciario.


