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Un video divulgado en redes sociales enfrentó a la Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Justicia y Paz por el control en las cárceles del país.
El enfrentamiento escaló tras la difusión del video denominado “Los Jachudos van directo al CACCO”, grabado durante un operativo realizado por el Ministerio de Justicia y Paz en el CAI “26 de Julio”, en Puntarenas, como parte de la gira que realiza el Poder Ejecutivo en la provincia.
Durante la inspección penitenciaria, el ministro Gabriel Aguilar exige la identificación inmediata del privado de libertad ubicado en la planta baja de un camarote y advierte que, de no hacerlo, “los tres ocupantes de ese espacio serán trasladados a alta contención”.
Posteriormente, el jerarca ordena la extracción de dos “jachudos” de los dormitorios para que sean enviados ese mismo día a alta contención y, posteriormente, al CACCO.
Las imágenes finalizan con Aguilar advirtiendo de forma explícita que estas reubicaciones sirvan como una lección para el resto de la población penal.
Ante la grabación, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, condenó vehementemente las acciones, que calificó como “arbitrarias y humillantes” contra los privados de libertad.
“Desde la Defensoría lo decimos con toda claridad: una persona privada de libertad sigue siendo una persona con derechos. Existen procedimientos, criterios técnicos y valoraciones profesionales que deben cumplirse para determinar de manera objetiva y documentada si una persona reúne las condiciones para ser trasladada a este tipo de régimen”, alegó.
Luego del pronunciamiento oficial de la entidad defensora, Aguilar respondió que es la tercera ocasión en que ejecuta estas acciones y que continuará haciéndolo como parte de su gestión.
“Siguen siendo seres humanos que reciben atención profesional, alimentación y atención médica, pero también hay protocolos de seguridad que hay que aplicar. Siguen siendo delincuentes de alta contención. En Costa Rica respetamos las ‘Reglas Nelson Mandela’”, destacó el jerarca.
Las imágenes generaron múltiples reacciones entre juristas y asociaciones defensoras de los derechos humanos debido al trato que recibían los reclusos.
Rafael Ángel García, de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, pidió a la presidenta de la República, Laura Fernández, poner “un alto” al ministro.
“De una forma retadora y humillante, le gritaba a los privados de libertad, los humillaba, los incitaba a que se rebelaran y, con esa actitud, el señor ministro ponía a la cárcel en un riesgo institucional, porque si en ese momento los privados de libertad, incitados por el señor ministro, hacen un motín, se pone en riesgo la seguridad institucional”, afirmó García.
Adicionalmente, según el órgano defensor, esta conducta vulnera la dignidad humana, quebranta el debido proceso y contraviene tratados internacionales de derechos humanos.
Ante esto, instó al ministro a suspender las reubicaciones que no cuenten con sustento técnico previo y a frenar la exposición pública de los privados de libertad.
Finalmente, ante la posición oficial expresada por la Defensoría, Aguilar agradeció el seguimiento de la institución a su labor, pero remarcó que el criterio defensorial “no le resulta vinculante” para la toma de decisiones en el sistema penitenciario.
