La SIP advierte que decreto de “secreto de Estado” amenaza la libertad de prensa
Tras firma de la presidenta Laura Fernández
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este martes su profunda preocupación ante la promulgación de un decreto ejecutivo que clasifica como “secreto de Estado” una amplia gama de información relacionada con la seguridad nacional.
La organización advirtió que esta medida podría obstaculizar la labor periodística y restringir el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.
Alcance de la medida
El decreto, firmado el 10 de agosto por la presidenta Laura Fernández y publicado con efecto inmediato en el diario oficial La Gaceta, afecta la información generada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
La restricción no solo abarca operaciones policiales y de inteligencia, sino que incluye:
- Presupuestos, gastos y todos los procedimientos de contratación pública.
- Estructuras de mando y recursos tecnológicos.
- Planes de seguridad, documentos, reuniones y acuerdos de los organismos mencionados.
Cuestionamientos a la transparencia
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que, si bien los Estados pueden proteger cierta información por seguridad, el secreto de Estado debe ser “excepcional” y estar sujeto a controles independientes.
Manigault enfatizó su preocupación por la opacidad en el uso de recursos públicos: “Observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia“.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó como preocupante el “deber de confidencialidad indefinido” que la norma impone a funcionarios y contratistas, lo que podría usarse para impedir investigaciones de interés público.
Contexto de la decisión
El Gobierno justificó la medida argumentando el incremento del narcotráfico y la violencia en el país, afirmando que la divulgación de estos datos pone en riesgo operaciones y la cooperación internacional.
La SIP instó a las autoridades costarricenses a distinguir claramente entre la información operativa sensible y los datos administrativos que deben permanecer sujetos a la rendición de cuentas, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática.