Reuniones sobre seguridad del Gobierno ahora son secreto de Estado
Decreto empezó a regir inmediatamente
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N° 45870 MSP, el cual declara como secreto de Estado toda la información, documentos, archivos y, de manera específica, las sesiones y grabaciones de los principales órganos de inteligencia y seguridad.
La medida, publicada oficialmente en el Diario Oficial La Gaceta, establece un cerco de confidencialidad absoluta sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo operativo de alto nivel denominado “Fuerza Élite” (anteriormente conocido como “Task Force”).
Blindaje a sesiones y contratos
El alcance de la declaratoria es amplio y detallado. Según el Artículo 2° del decreto, quedan bajo reserva total las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados en el seno de estos organismos. Esto implica que el contenido de las discusiones sobre estrategias de seguridad nacional dejará de ser de consulta pública por razones de interés público y defensa nacional.
Además de las reuniones, el secreto se extiende a las capacidades operativas, protocolos de intervención policial, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia. Un punto que destaca es el blindaje sobre los expedientes de contratación pública, incluyendo requerimientos técnicos, identidades de proveedores y la ejecución de contratos vinculados a estas unidades, sin importar si los servicios son prestados por entes públicos o privados.
La administración de la presidenta Laura Fernández Delgado justifica esta medida excepcional basándose en la vulnerabilidad geográfica de Costa Rica frente a delitos como el narcotráfico, sicariato, lavado de dinero y tráfico de personas. El Gobierno argumenta que la divulgación de las metodologías de análisis permitiría a las organizaciones criminales identificar “vulnerabilidades institucionales” y evadir los controles del Estado.
El incumplimiento de este deber de reserva conlleva graves consecuencias. El Código Penal, en su Artículo 293, establece sanciones de 1 a 6 años de prisión por la revelación de Secretos de Estado. Asimismo, el decreto impone la obligatoriedad a los sujetos privados (consultores o contratistas) de firmar una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado, la cual persistirá de forma indefinida incluso tras finalizar su relación con la Administración Pública.
Contexto de tensión institucional
Esta declaratoria se da en un momento de tensión entre los Poderes del Estado. Recientemente, la mandataria lanzó un dardo en contra del Poder Judicial, cuestionando que los magistrados se mantengan en una “zona de confort” mientras el Ejecutivo refuerza la vigilancia.
La presidenta recordó incidentes previos, como las “sillas vacías” dejadas por representantes judiciales en reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, lo que refuerza el trasfondo político bajo el cual se decreta ahora la reserva sobre estas sesiones de trabajo. Además, la mandataria indicó que convocará a una reunión con los máximos representantes de los otros Poderes para tratar temas de seguridad.
Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, respondió a la invitación de la mandataria y dijo que no es un tema nuevo.
“No es una idea nueva, es una tradición costarricense. Durante años, los presidentes de la República, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se reunían cada tres meses para tratar los grandes temas del país”, expresó Aguirre en un audio.
El decreto entró en vigor de forma inmediata, estableciendo que la publicidad de esta información estratégica podría comprometer la independencia e integridad territorial del país, además de poner en riesgo la vida de los funcionarios involucrados en el combate a la criminalidad.
