Estas son las medidas a funcionaria detenida en el aeropuerto Juan Santamaría
Tras allanamientos realizados el miércoles
La oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, detenida este miércoles por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), deberá cumplir varias medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático.
Las medidas fueron impuestas por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, tras una audiencia que se desarrolló entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m. de este miércoles.
Lea: Allanan Aeropuerto Juan Santamaría y detienen a funcionaria de migración
A solicitud de la FAPTA, el despacho ordenó el impedimento de salida del país, la obligación de firmar una vez al mes en la Fiscalía, la prohibición de acercarse al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y de comunicarse, de forma directa o indirecta, con los testigos del caso durante todo el proceso penal.
Además, la funcionaria, de apellido Barquero, fue suspendida del ejercicio de su cargo por un plazo de 10 meses, mientras las autoridades realizan el análisis de evidencia documental y digital, así como estudios financieros relacionados con la investigación.
La oficial fue detenida cuando se encontraba laborando en el aeropuerto. De forma simultánea, las autoridades allanaron su puesto de trabajo y su vivienda como parte de las diligencias del caso.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Barquero habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un extranjero que permanecía en condición migratoria irregular.
De acuerdo con informes de inteligencia citados por la Fiscalía, ese extranjero posee un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional.
La causa se mantiene en investigación bajo el expediente 26-000215-1218-PE, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar las eventuales responsabilidades penales.