
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) dirigió la mañana de este miércoles tres allanamientos que culminaron con la detención de una oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como sospechosa de presuntos delitos contra la función pública.
La funcionaria, de apellido Barquero, es investigada por los aparentes delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático, luego de que, presuntamente, facilitara y simulara el ingreso formal al país de un extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular.
“Los allanamientos, dos de ellos realizados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y uno en la vivienda de la imputada, tienen la finalidad de decomisar prueba de interés para el caso. En cuanto al extranjero, este permanece detenido a la orden de las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio”, indicó la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, informes de inteligencia señalan que el extranjero posee un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculado con una organización terrorista internacional.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la sospechosa habría alterado los sistemas informáticos públicos, incorporado información falsa y estampado de manera irregular el sello migratorio en el pasaporte del extranjero, con el fin de evadir las alertas obligatorias del control migratorio costarricense.
Tras su captura, Barquero será indagada por la Fiscalía y posteriormente presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas cautelares.
En cuanto al extranjero, permanece detenido a la orden de las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio.
La investigación, tramitada bajo el expediente 26-000215-1218-PE, se desarrolla de forma conjunta con la Policía Profesional de Migración. La Fiscalía indicó que las diligencias también buscan determinar si existe una estructura criminal detrás de estos hechos y evitar nuevos ingresos irregulares que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional.