Congreso da primer aval a penas más duras por delitos ambientales
A raíz de acuerdo entre las cinco fracciones
Los diputados del oficialismo y de las bancadas de oposición dieron el primer aval este martes, en primer debate, a un proyecto de ley que busca fortalecer la persecución de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la tala de bosques, el tráfico de vida silvestre y otros delitos ambientales.
Se trata del expediente N.° 23.952, denominado “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales”, el cual recibió el respaldo de todas las fracciones legislativas.
Tras su aprobación, los legisladores acordaron retrotraer el proyecto a su trámite anterior para realizar algunas enmiendas antes de someterlo nuevamente a votación.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, calificó la votación como un paso sustancial para combatir la minería ilegal en Crucitas y otras actividades vinculadas con estructuras delictivas.
“Hoy finalmente logramos un paso sustancial real para combatir la minería ilegal en Crucitas y otras partes de nuestro país, así como otras actividades delictivas de crimen organizado como la tala ilegal, como el tráfico de fauna silvestre en peligro de extinción”, declaró Villalta.
La iniciativa permitiría investigar y sancionar como crimen organizado los delitos ambientales cometidos por grupos estructurados de dos o más personas que actúen de manera coordinada.
Según Villalta, las penas vigentes para muchos de estos delitos son demasiado bajas, lo que impide utilizar herramientas contempladas en la legislación contra la delincuencia organizada, como la intervención de comunicaciones y la ampliación de los plazos de investigación.
El legislador aseguró que, bajo las normas actuales, las autoridades suelen detener únicamente a las personas que ejecutan directamente las actividades ilegales, pero enfrentan dificultades para perseguir a quienes las financian o dirigen.
Penas adicionales
El proyecto establece agravantes de entre dos y cuatro años adicionales de prisión para delitos contemplados en las leyes de Conservación de la Vida Silvestre, Forestal, Pesca y Acuicultura y Protección de las Tortugas Marinas, cuando sean cometidos por grupos delictivos organizados.
En el caso de la minería ilegal, la propuesta reforma el Código de Minería para castigar con penas de tres meses a cinco años de cárcel a quienes realicen actividades de reconocimiento, exploración o explotación minera dentro de áreas protegidas del Patrimonio Natural del Estado.
Cuando esas actividades sean ejecutadas por un grupo estructurado, la sanción aumentaría de tres a seis años de prisión.
La iniciativa también incrementa las penas para las redes dedicadas a matar, cazar, capturar, trasladar o comercializar tortugas marinas. La recolección regulada de huevos de tortuga lora en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional permanecería excluida de estas sanciones.