Cien días de Gobierno están marcados por enfrentamientos con el Poder Judicial

El primer centenario de días de la administración de la presidenta Laura Fernández ha quedado marcado por una ruta de colisión directa entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Lo que inició como una promesa de reforma profunda en el discurso del traspaso de Poderes del pasado 8 de mayo, ha escalado hasta convertirse en un conflicto de poderes que, según analistas, define el estilo de gestión de esta “Tercera República”.

Para el politólogo Sergio Araya, este escenario no es producto del azar, sino una “continuidad del cambio”. Araya explica que la gestión de Fernández ha mantenido el proyecto político y el estilo combativo inaugurado por su antecesor, Rodrigo Chaves, quien ahora funge como su ministro de Presidencia y Hacienda. Sin embargo, existe un factor diferenciador crítico: la correlación de fuerzas en el Congreso.

“Hoy lo que tenemos es un conflicto del Ejecutivo y una mayoría del Legislativo con el Judicial”, señala Araya, destacando que la mandataria cuenta con un respaldo de 31 diputaciones, una cifra histórica que le permite un realineamiento de actores para presionar a la Corte.

“La tensión lo que hace es continuar una lógica que se venía advirtiendo y reproduciendo desde el cuatrienio anterior y que ahora adquiere otra dimensión”, indicó el experto.

Tensión desde el 8 de mayo

La semilla de esta tensión se plantó en la propia toma de posesión. Aquel 8 de mayo, Fernández fue clara al advertir que su mandato no solo administraría una herencia, sino que buscaría multiplicar una nueva forma de hacer política.

En su discurso, enfatizó que Costa Rica no puede “normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen” y lanzó una advertencia directa a los jueces: “eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”.

Desde entonces, la narrativa oficial gira en torno a la necesidad de “sacudir” al Poder Judicial, al que la presidenta califica de estar en una “zona de confort”.

Recortes y el “Plantón”

La tensión alcanzó niveles máximos con el anuncio de un recorte presupuestario de más de ₡13 mil millones para el Poder Judicial en 2026, por directriz del Ministerio de Hacienda. La Corte Plena advirtió que esta medida impacta directamente la lucha contra el crimen organizado, afectando plazas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Este recorte financiero, tildado por la mandataria como un ajuste necesario, también aplica al Gobierno Central, y a otras instituciones y Poderes, como la Asamblea Legislativa.

La respuesta del Poder Judicial no se hizo esperar, y el pasado 6 de agosto, una multitudinaria concentración en la Plaza de la Democracia —conocida como el “plantón”— respaldó la independencia de la institución. El magistrado presidente, Orlando Aguirre, agradeció el apoyo ciudadano afirmando que la Corte “continuará defendiendo los derechos de las personas y resguardando la Constitución”.

Guerra de palabras: “Berrinches” y “Dictaduras”

El intercambio verbal ha subido de tono. La presidenta Fernández calificó de “berrinche” la ausencia de los jerarcas judiciales en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 20 de julio, sugiriendo incluso que su inasistencia podría ser un delito de incumplimiento de deberes.

“Señores del Poder Judicial, Costa Rica no está para berrinches. El recorte que estamos aplicando también lo está aplicando el Gobierno”, sentenció.

Desde la otra acera, el fiscal general Carlo Díaz ha advertido sobre los peligros de concentrar el poder. En declaraciones que Fernández tildó de “dictatoriales”, Díaz señaló que si el control de los tres poderes recae en una sola figura, “la democracia se acaba ¿y qué es lo que tenemos?, autoritarismo”.

El análisis de Araya destaca que el elemento verdaderamente transformador en este periodo es la nueva “correlación de fuerzas” en la Asamblea Legislativa. Mientras que en la administración anterior el conflicto se daba entre un Ejecutivo en “minoría parlamentaria” frente a otros poderes, hoy la situación es distinta: la presidenta Fernández cuenta con un “robusto respaldo legislativo de 31 diputaciones”, la cifra más alta para un oficialismo desde 1982.

Según el politólogo, este peso numérico ha provocado un “realineo de actores” que redefine la pugna institucional. Para Araya, lo que Costa Rica experimenta actualmente es un “conflicto del ejecutivo y una mayoría del legislativo con el judicial”, una pinza política que hace que el Poder Judicial se sienta “todavía muchísimo más afectado”, al no enfrentar ya solo la narrativa de Zapote, sino también la presión operativa y legal de una mayoría clara en el Congreso.

Araya concluye que estas reacciones, incluyendo cuestionamientos a la integridad judicial incluso tras capturas exitosas de delincuentes como alias “Diablo”, son parte de un “eslabón más de un proceso de escalamiento de tensiones” que difícilmente cesará, dado el compromiso del Ejecutivo de no “aflojar” en su ruta hacia la Tercera República.