Chaves veta iniciativa para crear base de ADN para identificar reos
La Asamblea Legislativa la aprobó en segundo debate en abril.
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El presidente Rodrigo Chaves vetó totalmente el Decreto Legislativo 10.945, tramitado bajo el expediente 24.341 y denominado “Ley para facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos por medio del ADN”, que fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa el 18 de abril de este año.
El proyecto deberá regresar a la Asamblea Legislativa, donde deberá ser analizado por una comisión examinadora. A la vez, es posible que el texto deba ser conocido por la Sala Constitucional.
Esta iniciativa tenía como objetivo central crear y mantener actualizada una base de datos de perfiles de ADN no codificante de las personas condenadas que están a cargo del Sistema Penitenciario Nacional.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto era que exigía la toma de muestras de ADN como requisito previo e indispensable para que las personas condenadas pudieran disfrutar de beneficios penitenciarios.
El veto al proyecto alega razones de oportunidad y conveniencia, así como razones de inconstitucionalidad.
Según el veto, el proyecto tiene las siguientes deficiencias:
- Altera la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
- Introduce un modelo operativo ineficiente y redundante.
- Carece de una regulación adecuada para el tratamiento de datos biométricos.
- Y compromete derechos fundamentales, en particular, la autodeterminación informativa.
Tareas que no competen a Justicia y Paz
El Poder Ejecutivo aseguró que el proyecto asignaba al Ministerio de Justicia y Paz tareas operativas para la recolección y manejo de datos biométricos y genéticos, pese a que, según indicó, esta es una función técnica que corresponde de manera exclusiva al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según el Ejecutivo, la ley indicaba erróneamente que el perfil de ADN no codificante “no permite el acceso a datos sensibles”.
Sin embargo, refutó esta aseveración al aclarar que cualquier información biométrica capaz de identificar inequívocamente a una persona, como el ADN, constituye por su propia naturaleza un dato sensible sujeto a protección reforzada.
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Aseveró que, al habilitar al Poder Ejecutivo a intervenir en el manejo, tratamiento y custodia de información genética con fines de investigación penal, se producía una intromisión indebida en funciones que son exclusivas del Poder Judicial.
No hay criterios de proporcionalidad
El Poder Ejecutivo determinó que la recolección masiva y obligatoria de ADN no supera el “test de proporcionalidad”. Por esta razón, la consideró una medida innecesaria, dado que ya existen sistemas idóneos y menos invasivos, como registros dactilares y fotográficos, para identificar plenamente a las personas en el sistema penitenciario.
La iniciativa establecía que las personas condenadas debían someterse al registro de datos biométricos, incluida la toma de muestras de ADN, como requisito previo para acceder a distintos beneficios penitenciarios.
La información genética recolectada sería incorporada a la base de datos que administra el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de facilitar la comparación de perfiles genéticos durante las investigaciones penales.