Los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC) desacataron restaurar la Casona de la Escuela Centeno Güell en Guadalupe, Goicoechea. Eso hizo que la Sala Constitucional condenara al Ministerio de Educación Pública (MEP).
El máximo Tribunal otorgó un plazo de 18 meses a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) para buscar la conservación del edificio que fue declarado patrimonio histórico arquitectónico.
Así consta en la resolución 2022014232 del 24 de junio de 2022, tras el análisis de recurso de amparo que interpuso Daniel Madrigal Sojo, comunicador local, contra el MEP, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y la Municipalidad de Goicoechea.
El recurrente acudió a la Sala Constitucional porque se temía que el edificio patrimonial se lo trajeran abajo y se perdiera parte de la historia de este país.
Las primeras sentencias sobre la estructura se dieron por medio de los fallos 2017-012959 del 18 de agosto de 2017 y 2018-016003 del 28 de setiembre de 2018.
DETALLE
Los magistrados indicaron que el edificio antiguo urge de restauración y que desde el 2017 se están entablando las conversaciones entre la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y la Dirección de Infraestructura Educativa.
La DIEE solicitó desde el 13 de octubre de 2021 la dotación de recursos para efectuar los trabajos en cuestión y el 7 de abril anterior se detalló por parte de la dirección que el proyecto estaba nada más a la espera de obtener recursos y proceder a contratar la ejecución de la obra.
Para el 21 de abril pasado se detalló que la situación presupuestaria de la DIEE no permite concluir el proyecto de restauración de la casona dentro del plan de inversión y que será difícil revertir la situación, excepto que se cuente con una modificación presupuestaria para este año.
JUSTIFICACIÓN
Los magistrados de la Sala Constitucional consideraron que el Estado tiene como responsabilidad velar por la conservación del patrimonio histórico arquitectónico.
Enfatizaron que ya tienen conocimiento sobre los reclamos del estado del antiguo edificio y que las primeras desestimaciones a recursos de amparo en 2018 se dieron porque el MEP estaba con el desarrollo de estudios preliminares, permisos y contratación de servicios profesionales.
No obstante, a casi cuatro años, el que no se cuente con un plan de acción fue uno de los detonantes para que en esta oportunidad si hubiese una declaratoria condenatoria en este caso.
“Este Tribunal considera que el plazo de más de tres años que tardó el mencionado ministerio en esta primera etapa fue desproporcionado, máxime que no consta ninguna justificación razonable para motivar tal demora”, se lee en el fallo en poder de DIARIO EXTRA.
En 2017 se dispuso que las instituciones comunicaran las etapas de remodelación y restauración, e incluso, desde ese momento debía gestionarse las partidas presupuestarias para cumplir con ese fin.
La justificación actual de que no hay presupuesto no fue de recibo para los magistrados del máximo tribunal porque detallaron que existe una clara omisión de las autoridades de proteger y preservar los edificios de este tipo.
ANOTACIONES
El magistrado Luis Fernando Salazar detalló como nota que los casos sobre inactividad de la administración pública sobre reparaciones o modificaciones de infraestructura deben desestimarse porque corresponde a un tema de legalidad cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria.
No obstante, consideró que en este en particular sí se procedió a darle trámite porque existe una violación a derechos fundamentales por los deterioros y condiciones sanitarias.
En tanto que la magistrada Anamari Garro Vargas dio un voto salvado parcialmente porque difirió sobre el criterio de la mayoría de los magistrados sobre cómo residenciar la fase de ejecución del asunto.
Garro afirmó que hay una inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige la jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste de aspectos técnicos complejos, por lo que manifestó que debía ser el Tribunal Contencioso Administrativo el que lo entrara a conocer.
Desde la Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura y Juventud indicaron al Periódico del Pueblo que ellos deberán prestar la asesoría correspondiente y dar seguimiento a las acciones del MEP sobre el particular.
En tanto, desde el Ministerio de Educación Pública nos indicaron que se le daría trámite a la consulta para conocer qué se hará.
LO DIJO
"Es un patrimonio importante para el cantón y para el país. En otra oportunidad la Sala se había pronunciando indicando que esto no era asunto de la municipalidad, aunque por supuesto nos interesa mucho y si en algo podemos ayudar para que esta casa se pueda restaurar y si está a nuestro alcance, ayudamos. Sin embargo, el fallo de la Sala es muy claro al indicarle al Ministerio que es dueño y responsable de estas propiedades que en un plazo prudencial deben atender el mejoramiento de esta Casa".
Rafael Vargas
Alcalde de Goicoechea
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Isaac Villalta
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Lunes 11 Julio, 2022
HORA: 12:00 AM
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