Causas judiciales duermen el sueño de los justos

Editorial

En este país hemos visto cómo las autoridades judiciales allanan todas las mañanas recintos privados y públicos para detener miembros del crimen organizado, implicados en casos de corrupción, asaltantes, asesinos, violadores… y mucho más.
Y en los últimos años se han dado los allanamientos más grandes en temas como el Cementazo, Hidrotárcoles, Bancrédito, Las Brisas, Yanber, expedientes que tienen cuatro años de dormir el sueño de los justos.
En estos incidentes vimos grandes despliegues al punto de que, aparte de allanar las casas y oficinas de los implicados, en algunos de estos casos de corrupción llegaron hasta la Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda y en cuanto al Cementazo las cosas escalaron hasta la Casa Presidencial, donde indagaron el papel del presidente en ese momento, Luis Guillermo Solís.
A esto también se le suma La Cochinilla, que ya cumplió un año y, si por la víspera se saca el día, pasará lo mismo que con los casos ya mencionados, estos no avanzan, hay gente que estuvo presa, ya la dejaron salir y muchos tienen la sensación de que les destrozaron la vida, pero al final no se llegó a nada.
Con respecto a todos estos casos, nunca antes el país había vivido episodios semejantes, que evidenciaron y desvelaron los detalles más íntimos de una aparente red de tráfico de influencias en la cual siempre se dijo que había pesos pesados del Poder Ejecutivo, pero lastimosamente no se ha podido probar nada o podría ser que los han querido ocultar. Por el bienestar de la justicia costarricense, esperemos que no sea eso.
Esa inacción del aparato judicial en tantos días deja una mala impresión, crea ambientes negativos y por supuesto levanta dudas. Para qué allanamos y, como dirían muchos, se hace el papel, si al fin y al cabo no tienen nada contundente y entonces ahí vemos a los actores pavoneándose por todo lado como si no hubieran cometido un delito.
Fue inevitable pensar que el poder político de las más altas esferas era intocable, alcahueteado por la administración de justicia. Y se sigue pensando que estos allanamientos son solamente un show, un circo para acallar a la población enojada que clama por respuestas.
Es hora de que salgamos de la camisa de fuerza en que nos tienen el pensamiento. Que veamos con ilusión, no con miedo, el futuro. Si algo nos ha enseñado el tristemente bautizado caso de “La Cochinilla” es que plata hay en abundancia, solo que no para todos. Que el problema viene de otro lado y se debe exigir cuentas a los responsables de hacer su trabajo.
Que los funcionarios dejen de hacerse los locos y se pongan a trabajar, trabajar, trabajar. Ojalá que las autoridades esta vez investiguen por dónde nos aprieta el zapato y que sepamos a qué atenernos. Que se sigan las investigaciones y caiga quien deba caer. Que la tristemente bautizada red de cuido no vaya más. ¡Y ya basta de hacernos creer que el problema es que no se puede hacer nada distinto de empeñar la Patria!
La tijera, en vez de pasarse en los programas sociales y los servicios estatales como la salud, la educación y la seguridad, debiera apuntar hacia las vergonzosas pensiones de lujo, los empleados públicos que no hacen sus labores de forma íntegra, proba, honesta, eficiente. Los recortes también debieran dirigirse hacia los lujos en las juntas directivas, en los bienes suntuosos que se compran para instituciones en plena crisis fiscal, en el desfalco a las finanzas públicas, ya sea mediante maniobras legales o ilegales.
Se nota que el erario público no se está manejando bien, porque semejantes cantidades presuntamente desfalcadas pudieron usarse en infinidad de acciones en favor de la población, que debiera ser el enfoque gubernamental. Pero ensañarse y aislarse no son soluciones viables, sino formas de empeorar la situación.
Denunciar cuando alguien hace cosas malas es un deber que tienen todas las personas, en especial las que trabajan en instituciones públicas, porque funcionan con dinero que ponemos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Debemos buscar la manera de influir en el bienestar del país en la medida de nuestras posibilidades, poniendo ojo al Cristo en lo que pasa dentro de la función pública, informándonos de quiénes pueden y quiénes no mejorar la calidad de vida para las mayorías, tan abandonadas en estos últimos gobiernos en beneficio de unos cuantos.