Nadie se hace responsable por la vivienda

Editorial

La falta de vivienda golpea en especial a las familias más humildes, que se ahogan en la pobreza y, por más que buscan una solución habitacional donde asentarse, lamentablemente la falta de oportunidades hace que esos problemas se acrecienten con el paso del tiempo.
Con la llegada de la pandemia por Covid-19, estos recintos se convirtieron en un foco de contagio donde cada quien se la tiene que jugar para sobrevivir porque desgraciadamente las ayudas estatales son escasas o nulas para ellos.
Una problemática compleja es el de la instalación de los asentamientos informales, situación que acumula décadas, y pese a ello aún no se erradica ni por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) ni mucho menos por los gobiernos locales de los predios afincados.
Pero la principal preocupación no es en sí por las precarias condiciones en las que habitan, sino la falta de humanidad y la ausencia de una coordinación certera entre las autoridades de Gobierno con el ayuntamiento municipal.
La vivienda es uno de los ejes de mayor abandono por parte de los gobiernos, pues lastimosamente se convierte en un botín de votos a la hora en que se aproxima una elección presidencial, en donde buscan jugar con la inocencia de los humildes a cambio de sufragios y, a la hora de la hora, ya estando en el poder todo se olvida.
El caso más reciente en el que vemos cómo las autoridades son incapaces de generar las condiciones para que familias humildes cuenten con la capacidad de acceder a una solución habitacional oportuna se da en el marco del asentamiento informal Nueva Esperanza en Alajuelita, en donde 22 familias están viviendo un panorama de incertidumbre por temor a ser desalojadas.
Aunque la resolución es dictada por un juez, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Alajuelita buscan evadir el problema y no ayudar a aquellas familias que realmente necesitan un techo donde vivir.
Llama poderosamente la atención que el señor alcalde Modesto Alpízar en la carta enviada a la Defensoría de los Habitantes para exponerle el caso detallara que “los primeros llamados a buscar una solución de vivienda digna para sí mismos y sus familias son cada una de las personas que ahí ocupan”.
Puede que el alcalde tenga razón, pero ¿qué pasa si el Estado falla y no les da oportunidades de empleo o que sus condiciones de educación? La culpa no es de las personas, sino de la incapacidad del mismo aparato estatal de no proporcionar mejores condiciones.
La sociedad es testigo que cada vez que se acude a instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) las respuestas no son favorables inicialmente y por ende a veces los trámites tardan entre 6 y 8 meses, lo que los hace cada vez más engorrosos.
Pareciera que quienes viven en escenarios precarios fueran vistos por el Estado como los principales enemigos cuando en realidad deberían convertirse en su aliado para erradicar el problema de la falta de vivienda en Costa Rica, y en donde son 444 mil personas las que viven en pésimas condiciones.
Sobre el caso de Alajuelita, esperemos que la falta de intervención y de sensibilización de su alcalde no tenga un motivo o fin electoral, en caso de que él crea que esas familias no tienen el músculo suficiente para la generación de votos.
Por otra parte, tenemos un Ministerio de Vivienda que es ampliamente cuestionado por abandonar a las clases más pobres en cuanto al otorgamiento de un hogar, y el cual en ese caso en particular indica que la orden de desalojo recae en el gobierno local.
Entonces, ¿cuál es la solución que ofrecen para que el golpe a las familias sea menor? ¿O van a dejar que se queden a la intemperie y ni siquiera les van a decir cuáles pasos deben seguir para que sus condiciones de vida mejoren?
Para las inauguraciones de nuevas soluciones de vivienda todo mundo quiere aparecer en la fotografía, pero cuando se tratan temas de desalojo y reubicación de asentamientos informales esos mismos se lavan las manos como Poncio Pilato, ya ahí no es tan bonito salir en primera plana.
Esas 22 familias que corren el riesgo de perder su vivienda son vistas como una simple estadística para la Municipalidad de Alajuelita y para el mismo Ministerio de Vivienda. En realidad, esas 22 familias están compuestas por seres humanos, cada uno de ellos con su historia que contar, con sus sufrimientos e incertidumbres al no saber qué será de ellos con su futuro.
A veces es más fácil dar la espalda cuando los jerarcas de turno tienen su casa, no pasan necesidades y cada quincena les llega completo su salario. Imagínese estas familias, que algunas están desempleadas, no porque así lo desean, sino porque no hay oportunidades en el mercado laboral y otros que no pueden seguir estudiando porque carecen de la tecnología para continuar, ahora que todo se maneja de forma virtual.
Así pues, somos testigos una vez más de la falta de coordinación y de comunicación entre la autoridad local con la representación del Ejecutivo, hecho que no cae para nada bien en una democracia como la nuestra donde nadie se hace responsable por la vivienda.