Diario Extra - Contraloría recalca ineficiencia de Justicia con contratos

La Contraloría General de la República (CGR) respondió a la gestión del Ministerio de Justicia y Paz sobre la ampliación en el plazo del contrato de monitoreo electrónico con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El oficio DCA-0548 del ente contralor señala que la pretensión de prorrogar el contrato de tobilleras del Ministerio de Justicia no es posible, pues dieron argumentos que anteriormente “se había indicado con claridad y contundencia, no es viable, pero además mediante un trámite improcedente”.
En la Contraloría aclararon que, dadas las declaraciones de las autoridades de Justicia, la correcta planificación y la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la Administración.
“Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la CGR, siendo una gestión tardía (a unas semanas de vencer el contrato) e incompleta (no tienen dinero) no es pertinente”, se lee en el oficio.

GESTIÓN IMPROCEDENTE

Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, explicó por qué la gestión es improcedente.
“La Contraloría General resolvió el recurso presentado por el Ministerio de Justicia respecto a la denegatoria de la autorización para extender el contrato que mantienen con la ESPH para el monitoreo electrónico de prisioneros o personas privadas de libertad, en este caso se está considerando que el recurso presentado debe rechazarse por ser inadmisible”, señaló.
Explicó que de acuerdo con la normativa de la Ley Orgánica de la Contraloría, la decisión no tiene posibilidad de presentar un recurso en sede administrativa por tratarse de una contratación administrativa.

ELEMENTOS PREOCUPANTES

“Para la Contraloría es preocupante algunos elementos planteados en el documento que se atendió, por ese motivo estamos haciendo algunas aclaraciones al Ministerio de Justicia, en primer lugar, no entendemos cómo se ha tramitado una solicitud de autorización de prórroga de un contrato cuando no se tiene contenido presupuestario, siendo que hasta el día miércoles se solicitó vía presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa una autorización para que se amplíe los ingresos de ese Ministerio y poder darle contenido a una obligación como la que se está realizando”, explicó.
Añadió que como ente contralor entienden la situación apremiante en que está el servicio de monitoreo electrónico, pero aseguran que eso era de conocimiento del Ministerio de Justicia desde marzo de 2020, cuando decidieron llevar a cabo un procedimiento de contratación administrativa.
“Ese tiempo les hubiera permitido incorporar en el presupuesto nacional los contenidos suficientes para darle contenido a cualquier obligación, sea vía concurso o una ampliación como la que se pidió a la Contraloría que le autorizara”, acotó Ugalde.
La Contraloría también identificó condiciones de planificación que debieron ser advertidas por la cartera y por ello la responsabiliza.
“Se están haciendo algunos comentarios respecto a la vigencia del tiempo de este contrato, debe considerarse que en todas las respuestas que nos ha enviado el Ministerio de Justicia nos ha fundamentado la vigencia del contrato con documentos diferentes, siendo que vista la modalidad del contrato seguida que es llave en mano, no hemos podido tener certeza, claridad o ni siquiera un documento certificado que acredite cuál fue el día en que se emitió la orden de inicio de esta contratación”, añadió.
Ugalde aseveró que es importante conocer el precio de una solicitud como la que se presentó.

ANALIZAN ESCENARIOS

Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz, confirmó que recibieron la respuesta de la CGR sobre la negativa a la solicitud de ampliación que hicieron.
“Recibimos respuesta por parte de la Contraloría General de la República en relación con la solicitud de reconsideración que enviamos el miércoles referente a la extensión de plazo del contrato de monitoreo electrónico, el ente contralor nos dice que es inadmisible esta solicitud”, indicó.
Añadió que con la respuesta se acaba la incertidumbre que tenían con respecto a los escenarios que deben abordar.
“Estamos trabajando ya en los escenarios que tenían que ver con esta posibilidad de respuesta y nos interesa que la ciudadanía esté tranquila con respecto al trabajo que estamos haciendo, lo mismo que las personas adscritas a esta modalidad”, finalizó.

ANUNCIO EN CONFERENCIA

El miércoles en conferencia de prensa el Ministerio de Justicia anunció que acudiría nuevamente a la CGR para pedir que se le autorizara por al menos un año más ampliar el contrato con la ESPH.
Esto sería mientras concluía el proceso de contratación de un nuevo proveedor. La ministra dijo a los medios que en caso de recibir una respuesta negativa tenían un plan B, pero se negó a revelar detalles.
Salazar aseguró que las 1.807 personas que actualmente están bajo el sistema de monitoreo electrónico no quedarán sin control alguno cuando venza el contrato, el cual tiene como fecha límite el 27 de febrero.
Cabe recordar que la ampliación del contrato será necesaria porque en 2020 la ministra ordenó detener el proceso de licitación internacional para contratar un nuevo proveedor del servicio de monitoreo electrónico al alegar que ese año se implementaron una mejor tecnología y nuevos procesos en la unidad de monitoreo, así como la preparación del cartel de licitación.
Lo anterior ocurrió pese a que existe una investigación en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción donde se investiga a Víctor Hugo Víquez y Allan Benavides por presunto tráfico de influencias para supuestamente beneficiar a la ESPH con la contratación de un lote de tobilleras, tal como lo dio a conocer DIARIO EXTRA con amplias publicaciones. El caso se investiga en el expediente 18-0000-94-12-18-PE.

INSISTENCIA

El viernes 28 de enero en el Ministerio de Justicia informaron que la CGR dio respuesta negativa a la primera consulta sobre si era recomendable ampliar la contratación con ESPH.
El ente contralor destacó tres aspectos que generan dudas, entre ellos se incluye el presupuesto de la institución para este año, el cual sería insuficiente para la extensión; la vigencia del contrato, específicamente la fecha de inicio; y por último si se había empezado a negociar con el proveedor.
Salazar dijo que dieron varias respuestas a la CGR, entre ellas incluyeron que este miércoles se presentó a la Asamblea Legislativa un segundo presupuesto extraordinario, en el que se contenían los recursos para cubrir el periodo por el que presumían se extendería el contrato. En total solicitaron a los legisladores ¢4.495 millones.
Además enviaron documentación en la que indican que la fecha efectiva en que empezó el contrato con la ESPH fue el 28 de febrero de 2017 y aseguró que no pueden comenzar a negociar con la compañía proveedora hasta no tener un panorama claro.
Es así como hicieron un segundo intento consultándole a la Contraloría sobre la posibilidad de ampliar el contrato y ayer recibieron la negativa a esta nueva solicitud.