Acceso a la justicia de colectivos vulnerables

En tiempos de la Covid-19 (Parte II)

En pandemia, los Estados se encontraron con el enorme desafío y obligación, de acelerar las transformaciones de modernización de los servicios de justicia para garantizar los derechos fundamentales de las personas en un contexto de confinamiento, sin atención personal completa en sus oficinas y sin pruebas piloto. Esto implicó una doble tarea: por un lado, acercar la justicia a la gente -sobre todo a los grupos vulnerables- para que pueda hacer sus reclamos y recibir la debida orientación; y por el otro, continuar con los procedimientos judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos para ofrecer respuestas de calidad. Los más vulnerables —las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas— pagan el precio más elevado y, además, son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por la Covid-19. Además, el virus es un enemigo común al que no le importa la etnia o la nacionalidad, la facción o la fe. "Ataca a todos, sin tregua" “Secretario General António Guterres”. Desde el 2000, IIDH ha planteado el acceso a la justicia como uno de los principales ejes de trabajo en razón de su trascendental importancia para la garantía del disfrute de los derechos humanos en general y de la atención prioritaria que grupos en situación especial requieren en particular. De esta manera y a raíz de necesidades detectadas por entidades gubernamentales para la defensa de los derechos humanos en la región, surgió la iniciativa de desarrollar procesos educativos que pudieran ser replicados y que a la vez consolidaran no sólo el bagaje teórico en materia de derechos humanos de los operadores de justicia, sino que también promovieran la reflexión y destacaran la dimensión vivencial que se entrelaza con toda construcción y aplicación de conocimientos. Veinte años tras ese horizonte, y no es con la Covid-19, que los Estados se ven obligados a implementar dichas políticas transversales. Luego, la historia dirá, si fueron efectivas. La continuidad de los servicios judiciales y la tutela de la vida y la salud del personal y personas usuarias, son los ejes para definición de acciones emprendidas por el Poder Judicial, ante la pandemia que vive el país por la Covid-19. Así lo expuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante el foro virtual internacional que se llevó a cabo este pasado 30 de julio con representantes de las Cortes Supremas de Brasil, Canadá, Ecuador y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, la Corte Plena, máximo órgano del Poder Judicial y el Consejo Superior, a quien le corresponde ejercer la administración, han dictado más de 50 acuerdos y circulares que deben acatarse en diferentes ámbitos de la institución. ¿Los conoce Usted o algunos de los protocolos de atención al usuario o de gestión de audiencias, aprobadas para las respectivas jurisdicciones? Acaso no le es familiar que cuando se hace una llamada de su interés a la institución, le contesten: "fulano (a) está en teletrabajo y no recibe llamadas". ¡Vaya insensatez! El Presidente de la Corte explicó que a lo externo “ …se ha tratado de asegurar el respeto y promoción de los derechos humanos y del acceso a la justicia de grupos vulnerables, por medio de una atención y servicio constante para las personas usuarias externas y continuar atendiendo sus necesidades. Que es uno de los principales retos en esta pandemia”. Nuevamente se pregunta: ¿Conoce Usted de esas informaciones y las tiene a su alcance? Y en la realidad empírica, los sectores vulnerables, ¿tendrían alguna idea de la existencia de esa o esas políticas institucionales? En todo el mundo, se estima que 1.500 millones de personas se enfrentan a problemas legales que no pueden resolver, mientras que 4.500 millones personas – en particular mujeres, personas pobres, y otras personas vulnerables – están excluidas de las protecciones y oportunidades que ofrece la ley. Sin embargo, la Covid-19 está creando nuevos obstáculos para la igualdad de acceso a la justicia, especialmente para estos sectores y me atrevo a señalar que en especial para las mujeres. Las brechas que dejará la Covid-19, en la sociedad costarricense serán profundas. Su calada ya se nota y se sufre en la equidad social en donde uno de los surcos más hondos, se marca en el terreno del empleo femenino. El Informe Estado de la Nación 2020, determinó que el desempleo, que empeoró debido al impacto de la pandemia, lo sufren más las mujeres (52.5%). Es probable que las respuestas a la pandemia estén muy condicionadas por el género, lo que significa que las mujeres migrantes, discapacitadas, e indígenas están doblemente en desventaja. Por lo tanto, es fundamental garantizar (con carácter eficaz) que la crisis actual no amplíe las ya existentes disparidades y brechas abismales de acceso a la justicia basadas en el género, sean éstas formales o informales y más allá, a los sectores vulnerables. Los tribunales no son la única vía para buscar justicia, pero sí son una vía importante para la gran mayoría vulnerable, y la Covid-19 ha expuesto y desnudado sus debilidades, limitaciones e incapacidades. Los tribunales han sido tradicionalmente lentos en cuanto a la adopción de tecnología, han dependido demasiado de las comparecencias en persona y han luchado por hacer que sus servicios sean accesibles para las personas que carecen de abogados o de otra asistencia legal. No obstante, el reto es inmenso, ha de tratarse con carácter de urgencia y sobre todo, cumplir lo establecido en las cartas de derechos humanos aceptadas, para al menos evitar que los sectores vulnerables sigan estando desamparados. Son necesarias acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías para el funcionamiento de una justicia independiente de la independencia de la justicia y su acercamiento a la gente alentando para ello pasos creativos. La crisis de salud mundial está erosionando la estabilidad económica y social, el riesgo de aumento de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional. Una racionalización inmediata -a lo esencial- de los servicios que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios son decisiones urgentes a adoptar por un sistema judicial independiente. La priorización resulta inevitable dada la crisis global y las limitaciones institucionales y presupuestales; esta es una opción inevitable y urgente para prevenir la exclusión social y para garantizar la protección de los derechos humanos de los citados sectores.

*Juez Tribunal Contencioso Administrativo

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Jueves 26 Noviembre, 2020

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Ronaldo Hernández H*