La iniciativa de triplicar el impuesto a bienes inmuebles, al pasarlo de 0,25% a 0,75% como parte de la propuesta del Poder Ejecutivo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), suma cada vez más adversarios.
Los alcaldes expresaron su preocupación ante la medida tributaria anunciada por el Ministerio de Hacienda la semana anterior. Tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) catalogaron la sugerencia como desproporcionada.
También subrayaron al Gobierno que en la actualidad esta posibilidad se encuentra fuera de la capacidad económica del contribuyente. De acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República, la morosidad por el pago del impuesto alcanza el 25% en algunos de los gobiernos locales.
Johnny Araya, alcalde de San José y presidente de la UNGL, manifestó que no basta que los fines de tributación sean legítimos, sino más bien resulta necesario que el medio tributario se use con respeto a los límites materiales establecidos por la Constitución. Araya manifestó que la medida anunciada recientemente por el Ejecutivo es injusta para el contribuyente.
Mientras tanto, desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), recordaron que están en desacuerdo con el incremento en el tributo a los bienes inmuebles, así como el proyecto de empleo público.
Horacio Alvarado, vicepresidente de ANAI, recalcó que el aumento es desproporcionado y que tendrá una afectación social y económica en relación con los ingresos de la población.
Alvarado consideró sin justificación que el Gobierno quiera que los ciudadanos aporten alrededor de ¢223 mil millones recaudados por las municipalidades mientras existan otras fuentes de financiamiento que el Estado no recoge, como es el caso del impuesto de las casas de alto valor, también conocidas como de lujo.
De acuerdo con estadísticas de ANAI, en 2019 se recaudaron ¢111 mil millones en 81 cantones, y estos recursos representan el ingreso principal de los municipios.
En cuanto al empleo público, enfatizaron que se violenta la autonomía administrativa municipal otorgada por la Constitución Política, que ya fue ratificada por la propia Sala Constitucional.
ALCALDES OPINAN
• Horacio Alvarado, Belén
“Estamos totalmente opuestos a este paquete que el Gobierno pretende darnos a toda la ciudadanía costarricense. No es posible que este Gobierno piense en imponer otro impuesto a bienes inmuebles que ya la gente más necesitada lo está pagando. El Gobierno no tiene la capacidad de recaudar los impuestos, por ejemplo, los de las casas de alto valor”.
• Nixon Ureña, San Ramón
“Nos oponemos a la aprobación del proyecto de empleo público por cuanto consideramos que el mismo violenta los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, deben tener claro los diputados que la misma Sala Constitucional ha explicado los alcances de estos artículos y no pueden seguir legislando al margen de la Constitución Política que ellos mismos juraron respetarla, de lo contrario tendremos que accionar ante la Sala Constitucional”.
• Marcel Soler, Montes de Oca
“La propuesta del Gobierno de triplicar el impuesto sobre los bienes inmuebles nos parece que es desproporcional e inclusive podría ser confiscatorio en nuestros cantones, comunidades y que afectarían a nuestros vecinos y vecinas. Esta propuesta pone a las municipalidades a perseguir a nuestros vecinos y vecinas para que paguen tres veces más de lo que ya están pagando en una situación económica tan difícil”.
• Johnny Araya, San José
“Consideramos que la propuesta va en contra de toda iniciativa de reactivación económica planteada por el Ejecutivo. En este momento, nuestros cantones se ven afectados por el desempleo, hay jornada reducida y las familias pasan por momentos de alta tensión, no solo financiera sino psicológica. Este tributo de bienes inmuebles es de índole solidario, no confiscatorio, lo cual sin duda aumentará la morosidad”.
• Verny Valerio, San Rafael de Heredia
“Por lo menos en el cantón de San Rafael, la gente ya no puede más. Este nuevo impuesto nos pondrá un compromiso porque tendremos que aplicar el cobro a personas que no pueden pagar. Nos parece una injusticia y creemos que más bien esto va a provocar una creciente pérdida de propiedades entre los habitantes, lo cual es sumamente peligroso”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Lunes 21 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA