La preocupación reina en el Banco de Costa Rica (BCR), pues un criterio jurídico de la recién aprobada Ley de Usura deja entrever que no podrá otorgar crédito a las personas con salarios inferiores a ¢773.000.
De este modo las advertencias que se hicieron previo a la aprobación de la normativa se hacen realidad. La situación no solo tocaría al BCR, sino que también abarcaría al resto del Sistema Financiero Nacional.
DIARIO EXTRA se comunicó con Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico del BCR, quien confirmó que en efecto se emitió un criterio en ese sentido.
La Ley No.9859 indica en su artículo 44 ter: “No podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable, al que se refiere el artículo 172 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.
Se estima que en Costa Rica un 70% de los trabajadores se encuentra por debajo de ese rango salarial, de modo que son muchos quienes quedarían excluidos del sistema.
De hecho, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que unos 490.000 trabajadores tendrían un ingreso cercano a los ¢309.000.
La normativa establece que cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que irrespete el salario mínimo intocable al que se refiere la norma será sujeta a la sanción considerada como infracción muy grave, según los términos de la Ley Orgánica del Banco Central.
Lo anterior se traduce entre un 1% y un 2% del patrimonio de las entidades financieras.
Sáenz Montero explicó que a partir del 20 de junio entró en vigencia la ley y a partir de ese momento no pueden otorgar créditos bajo las nuevas reglas.
“A nosotros como banco nos deja en una encrucijada, no vamos a poder considerar a la gente que gane menos de ¢733.000, si lo hago estaría violando la ley”, expresó.
El gerente corporativo jurídico recordó que hubo economistas que advirtieron esto llevaría a las personas al mercado informal, lo que ha sido ratificado incluso por Rodrigo Cubero, presidente del BCR
Un vacío en la legislación es que las sanciones apuntan a entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Esto implica que muchas garroteras y prestamistas informales quedarían fuera.
El BCR considera que debe revisarse la legislación y este clamor se suma al externado hace unos días por las asociaciones solidaristas.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 15 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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