Tras detectarse el primer caso de contagio de Covid-19 en un centro penal, los oficiales miembros de la Policía Penitenciaria alzaron la voz y aseguran que el Ministerio de Justicia no ha aplicado protocolos adecuados para protegerlos de salir contagiados, ni para evitar que acaben llevando el virus a sus casas y contagiando a sus seres queridos.
En lo que anteriormente se conocía como La Reforma el caso positivo se detectó en el ámbito E, por ende este fue el único sector que se puso en aislamiento con todas las personas que están en él recluidos, incluidos los custodios.
Este manejo mantiene preocupados a los oficiales penitenciarios, ya que consideran que si bien cada grupo de policías está destacado en un ámbito específico, durante el día y en muchos momentos se comparte entre todos los compañeros, por lo que no solo ellos debieron quedar en cuarentena.
Al respecto, Ministerio de Justicia respondió mediante la oficina de prensa que ante este caso se les ordenó aplicar la prueba a todos los que tienen relación con el ámbito del brote.
“En el ámbito conviven más de 300 personas. La orden sanitaria nos da el mandato de hacer el tamizaje a la población del ámbito, así como al personal de custodia cuya cantidad no podría ser revelada por motivos de seguridad”, indicaron mediante comunicación electrónica.
Además, señalan que “los oficiales penitenciarios solo tienen a su cargo la custodia de ese ámbito. La escuadra permanecerá hasta el 14 de julio dentro del centro”.
Es decir, el resto de compañeros, si se dio algún contacto, podrá salir cuando le corresponda sin que exista ningún tipo de control en este sentido, de manera que la transmisión del virus podría continuar rejas afuera.
PAGAR MASCARILLAS
Además, los penitenciarios denunciaron que hasta el momento el Ministerio de Justicia sigue sin brindarles al menos una mascarilla, además de que no hay alcohol en gel y muchos menos se han dado fumigaciones para poder decir que se desinfectó el lugar.
Como si esto fuera poco, ahora a lo interno del penal se les está dando la posibilidad de comprar una por ¢1.000 con el logo de la Policía Penitenciaria.
Al respecto, señalan que no es justo porque es el patrono quien debería de garantizarles los implementos para poder trabajar con seguridad en vez de verse expuesto como está ocurriendo hasta ahora.
Pero ante las denuncias, en Justicia aseguraron que “la institución las suple sin costo”, contradiciendo los señalamientos de los custodios.
Y respecto al uso del logo en mascarillas que no da la institución, aclararon que “algunos oficiales de la Policía Penitenciaria solicitaron permiso para hacer mascarillas con el logotipo del cuerpo policial, pero la compra es absolutamente voluntaria. El Ministerio no tiene nada que ver con eso”.
Así las cosas, el Ministerio de Justicia se sacude de todas las acusaciones e insisten en que ellos han hecho las cosas como se las ha mandado el Ministerio de Salud para garantizar la salud de todas estas personas.
