Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron al Ministerio de Justicia que reduzca el hacinamiento en la Unidad de Pensiones Alimentarias del centro penal Jorge Arturo Montero, en La Guácima de Alajuela, esto en especial por la situación del Covid-19 que enfrenta el país.
Esto luego de que un grupo de privados de libertad recurriera a este órgano para solicitar que tomaran medidas ya que producto de que en este ámbito hay al menos 500 recluidos, algo que rebasa por mucho la capacidad para lo que fue construido.
“Tal situación, coloca en estado de vulnerabilidad a sus representados y al resto de población de la Unidad de Pensiones Alimentarias ante la declaratoria de pandemia por el virus Covid-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud, enfermedad extremadamente contagiosa”, indica el recurso presentado.
Según se relata, varias personas deben dormir en el suelo ante la falta de camas, prácticamente en contacto con la suciedad y el peligro que eso genera de un posible contagio.
Tras conocer los alegatos presentados por los afectados los magistrados tomaron la decisión y dan dos meses para que se tomen las medidas respectivas para no poner en riesgo la salud de estas personas.
“De inmediato adopten las medidas pertinentes para que, en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, se elimine el hacinamiento crítico en la Unidad de Pensiones del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, hasta llegar a su capacidad real, de conformidad a las exigencias de las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas”, señala el fallo.
EN CONSTRUCCIÓN
Ante esta sentencia, el Ministerio aseguró que incluso antes de que se diera el fallo ya venían trabajando en el tema, ya que eran conscientes de la problemática y que debían solucionarlo más allá de la amenaza de la pandemia.
Es así como ya están en construcción 110 nuevos espacios con el fin de que se pueda ampliar la capacidad para recibir a los apremiados corporales por esta situación.
Reconocieron que la capacidad actualmente es de 213 personas por lo que gracias a una inversión de ¢180 millones, el Ministerio de Justicia y Paz ampliará el módulo en 400 m2 al construir un nuevo dormitorio.
“Ese es uno de los módulos que recibe más gente por mes; la rotación es muy alta. Eso nos enciende las alarmas porque necesitamos contar con un espacio adecuado para ese alto tránsito de apremiados corporales que respete los derechos humanos”, expresó la viceministra de Gestión Estratégica Diana Posada Solís.
Se espera que a finales de este mes se pongan en funcionamiento dichas instalaciones.
