Rodolfo Méndez Mata, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), minimizó la polémica contratación por ¢1.500 millones para implementar el proceso de sectorización y tildó los cuestionamientos como una “novela”.
Esa cartera impulsa por medio del Consejo de Transporte Público (CTP) una contratación para desarrollar esa iniciativa por un lapso de 25 meses, como parte de la modernización en el proceso de sectorización.
La Contraloría General de la República dio luz verde el 15 de julio para la consultoría, siempre y cuando se hiciera una contratación directa, aunque concursada.
Entre las polémicas que giran en torno al proyecto se encuentra el hecho de que el MOPT omitió registrar la contratación en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación (Mideplan).
Sumado a ello, el Departamento de Proveeduría y la Dirección Financiera Administrativa del CTP detectaron una serie de restricciones que no permitían competir en igualdad de condiciones a los oferentes y que el concurso estaba dirigido principalmente a una de las tres firmas interesadas en el proyecto.
Una de estas empresas es LCR Logística, que está a cargo del ingeniero Leonardo Castro, amigo cercano del ministro de Transportes. Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA aseguran que desde el interior del CTP buscan favorecerlo en esta contratación.
En el CTP, específicamente en el Área Técnica, indicaron que los parámetros de contratación no eran los adecuados, estaban sobrevalorados y no incluyeron ningún estudio de demanda o de pasajeros movilizados.
Al ser consultado por DIARIO EXTRA, Méndez Mata expresó su disconformidad sobre los planteamientos y aseguró que las licitaciones ni siquiera arrancan como para que se haga ese tipo de cuestionamientos.
“Es importante que acabemos con esa novela. Muy bien lo señala la Contraloría General de la República en la respuesta de Investigación. El proceso de licitación no ha iniciado siquiera, entonces no sé cómo se formula ese tipo de interrogantes si el proceso de licitación no ha empezado”, declaró el jerarca.
La Contraloría General de la República envió un oficio el 28 de octubre, en el que pidió ajustar el proceso de consultoría por ¢1.500 millones.
En el documento, del cual El Diario del Pueblo tiene una copia, el órgano contralor indicó que la petitoria de una investigación para resolver problemas relacionados con procedimientos en curso no es pertinente.
Además recalcó a las autoridades del MOPT que les corresponde a ellas efectuar los análisis para el objeto contractual que se requiere, así como también se debe realizar el proceso de contratación conforme lo autorizó el 15 de julio.
El ente contralor fue claro al manifestar que un eventual incumplimiento en el proceso de contratación sentaría responsabilidades en los funcionarios que se encargan de intervenir en dichos procesos.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 14 Noviembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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