La Fundación Pro-Zoológico (Fundazoo) encargada de administrar el parque zoológico Simón Bolívar, le tiene “amarrado el perro” a la Municipalidad de San José por un monto de ¢92.930.322 por concepto de impuestos municipales. Se trata de tasas por recolección de basura, limpieza de alcantarillados y ornato de parques, según consta en un oficio que el ayuntamiento entregó a DIARIO EXTRA.
En el mismo se observa como por el primer concepto la deuda asciende a más de ¢35 millones, por alcantarillado el monto supera los ¢7 millones y en lo referente a parques ¢13.343.471. Sin embargo, lo que incrementa exponencialmente la deuda son los intereses acumulados que al momento del corte de la información supera los ¢36 millones.
El reporte del que da cuenta el municipio capitalino comprende entre abril 2006 y marzo del presente año. El monto de dicha deuda podría ser ampliamente superior en vista de la acumulación que generan los intereses por cada período, en que el contribuyente no cumple con estas responsabilidades.
Un aspecto fundamental de este tema es que los descritos son las únicas responsabilidades tributarias que debe cumplir Fundazoo con el municipio capitalino, porque el terreno donde se encuentra instalado el parque zoológico y jardín botánico con el número de finca 74163B-000 le fue cedido por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a Fundazoo desde el 20 de abril de 1994, y a partir de ahí se renovó el contrato en 2004 y 2014.
Es decir, la finca de 20.111 metros cuadrados en realidad le pertenece al Estado costarricense y se le cedió a la Fundación con el propósito de que administrara los intereses del parque zoológico, aun cuando el contrato no dispone nada referente a tributos, se desprende con naturalidad que como administrador o propietario de un bien inmueble siempre un contribuyente queda supeditado a la cancelación de las obligaciones municipales correspondientes.
LEY PARA DESAFECTAR
En el año 2016, Johnny Araya, alcalde de San José, anunció las intenciones que tenía la dependencia de que los terrenos donde en la actualidad se encuentra el parque zoológico pasaran a administración de la municipalidad. Con este objetivo se iba a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para la desafectación de la propiedad.
Este fue el segundo intento de esta naturaleza cuando previamente en el 2009 el Concejo Municipal conoció la opinión sobre el texto 17.999 sin que esa iniciativa viese la luz. Sin embargo, la alcaldía envió al Congreso el texto de ley 20.123 con el mismo propósito, alegando nuevamente la alta deuda que los administradores del zoológico tenían con el municipio.
Aunque este proyecto logró el dictamen unánime de la Comisión de Gobierno y Administración desde el 28 de noviembre del 2018, hasta el momento está empantanado. Esto luego de que ninguno de los diputados de la actual Asamblea Legislativa presentase la iniciativa a despacho y con ello que avanzara en su discusión.
El alcalde capitalino comentó que la idea de la iniciativa es lograr la desafectación del terreno cuando se venza el período de convenio existente entre Fundazoo y el Minae, que ocurriría en el 2024 siguiendo la lógica del contrato firmado en 1994.
“Lamento que no se le diera continuidad al proyecto en el seno de la Asamblea porque me parece que la Municipalidad sería un mejor administrador. Esto lo podría integrar a los planes que tenemos en relación con todo lo que se relaciona con la cuenca del río Torres, donde venimos con un esfuerzo porque la sociedad no les dé la espalda a los ríos”, comentó Araya Monge.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica también le consultó sobre la cuantiosa deuda que Fundazoo tiene con el municipio, ante lo cual manifestó que no tenía mayor conocimiento al respecto, pero ahondamos en las acciones que se podrían aplicar para garantizar que esos dineros ingresaran a las arcas municipales.
“El ayuntamiento puede llegar incluso al remate si no se da el pago de los importes, lo que pasa es que es una propiedad del Estado por lo que tiene un estatus especial. A mí me gustaría conocer el criterio de la Dirección Legal de la municipalidad para determina qué corresponde”, manifestó el alcalde josefino.
¿QUÉ DICEN LOS REGIDORES?
En el 2016 y 2017 la municipalidad de San José intentó presentar un proyecto de ley para desafectar los terrenos donde se encuentra el Simón Bolívar. El Concejo Municipal de San José lo analizó en sus sesiones e incluso se dio un pronunciamiento de la Comisión de Jurídicos de ese foro político.
La idea recibió el apoyo unánime de los 11 regidores, quienes vieron con buenos ojos que se diera una transformación del zoológico hacia un jardín botánico municipal, aunque esta categoría por parte de Fundazoo ya la tiene.
Es por eso que El Periódico del Pueblo buscó la opinión de los regidores sobre dos aspectos: la deuda en impuestos de la Fundación y la inacción del municipio luego de que el proyecto de desafectación del terreno no avanzara.
“La gente debe comprender que, en un esquema de deberes y derechos, así como quiere las zonas verdes limpias, zonas de recreación y aceras en buenas condiciones, parte de los deberes es estar a derecho con los impuestos municipales, es un tema que debe enfrentarse desde un cambio cultural. No todos son proactivos pensando en estar al día con estas obligaciones”, comentó el liberacionista Juan Diego Gómez.
Gómez afirmó que el proyecto del jardín botánico vendría a darle una reactivación como punto turístico al área donde hoy se mantiene el zoológico. Sin embargo, la declaratoria especial del terreno complica el cobro de los impuestos y considera una lástima que a la iniciativa no se le diese suficiente impulso legislativo.
Por otra parte, el representante de la agrupación Alianza por San José, José Zamora, no apoya ahora la gestión de tomar el parque zoológico para convertirlo en un parque botánico.
“Me parece que si los diputados están tomando esa decisión es porque consideran no es viable cambiar en el uso del suelo o tratar de trasladar la propiedad en favor de la municipalidad”, manifestó.
Con respecto a la deuda en impuestos municipales, aunque aseguró desconocer el detalle, afirmó que existe una negligencia muy grande al no proceder con los cobros respectivos.
“Nosotros vimos casos donde incluso compañeros dentro de la misma municipalidad tardó casi 10 años para que pagaran la deuda respectiva, eso no tiene ninguna relación con el proyecto del jardín botánico”, finalizó.
Sin embargo, uno de los más críticos fue Diego Miranda, representante del Frente Amplio, quien manifestó que las faltas para que el proyecto avance, dependen del cabildeo político que en efecto parece no se ha hecho de parte del alcalde.
“Existen proyectos que a él (refiriéndose a Araya) le interesan mucho más que caminan en cuestión de meses en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, un proyecto como este no camina al mismo ritmo. Le pongo el ejemplo del Cementerio Calvo, en esta misma administración se corrió para que se desafectara porque existe un interés particular, pero otros proyectos que no tienen tanto interés particular no avanzan”, se quejó Miranda.
Y respecto de la deuda afirmó que la misma administración tiene herramientas eficientes si se quisiera cobrar esos impuestos o proceder de oficio en caso de que un propietario no cumpla. Miranda afirmó que no es el primer caso que conoce y más bien resultan recurrentes en la administración de Johnny Araya.
TÉRMINOS DE LA SESIÓN
En el contrato de 1994 el Minae le define a Fundazoo que serán los administradores completos de dos terrenos de forma irrestricta; donde se encuentra el parque zoológico Simón Bolívar y el centro de rescate Santa Ana, y serán también usuarios de la infraestructura de ambas áreas disponiendo según necesidades y/o intereses.
Dentro de las obligaciones que debe cumplir Fundazoo se citan entre otros vigilar por el uso, administración e inversión de los recursos que por concepto de administración generen los zoológicos, donde da derecho a cobrar por las entradas, fundamento financiero de su operatividad. De estos recursos debería salir lo correspondiente a los tributos municipales que ya se describió de previo. En otro de los alcances del aspecto de las obligaciones, queda estipulado como la Fundación estará obligada hacer uso de los recursos e ingresos de acuerdo con la programación presupuestaria correspondiente.
En aquel momento el Minae le entregó los terrenos a Fundazoo en una especie de concurso público donde se eligió a la entidad con las vastas capacidades para dar buen uso y administración a los espacios de los parques zoológicos tanto de San José como de Santa Ana, aunque al parecer este “perro amarrado” de ¢93 millones dista un poco de esos criterios.
FUNDAZOO RESPONDE
Este rotativo buscó la versión de los representantes de Fundazoo, que en este momento tienen un pleito legal con el Estado por la muerte del león Kivú.
“A nosotros nunca nos cobraron nada, porque el terreno es del Estado. Nosotros solo somos simples administradores de ese espacio. No corresponde que nos cobren ningún importe territorial o municipal. Pero por fortuna tenemos ahora detalle sobre esto para hacer la investigación de rigor”, explicaron en conjunto Yolanda Matamoros y Enrique Rojas, presidenta y abogado de la Fundación.
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Martes 22 Octubre, 2019
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