Golpes a libertad de expresión y prensa

EDITORIAL

Justamente ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró su Asamblea General 75, que tuvo lugar en Coral Gables, Miami.

Como cada semestre, este grupo conformado por medios de comunicación se dio a la tarea de conocer con lujo de detalles las diferentes limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión y prensa que aquejan a cerca de una treintena de países.

Desde los Estados Unidos hasta la Patagonia y el Caribe, los periodistas se ven cada día más amenazados. Por un lado los gobiernos insisten en poner mordazas y por el otro algunas organizaciones sociales se olvidan del papel fiscalizador de los medios, incurriendo en ataques públicos y notorios.

El quehacer de los medios y sus equipos es cada vez más complicado, y si bien Costa Rica históricamente ha sido un país donde se procura el ejercicio pleno de las libertades, lo cierto es que el poder político y económico sistemáticamente trata de estrujar y censurar ciertas líneas editoriales que no son de su agrado.

En estos seis meses Costa Rica no ha sido la excepción a la regla. Los medios nacionales y sus profesionales han sido atacados en forma sistemática, lesionando su derecho a ejercer libremente y cercenando el de informar a la población.

El primero de los hechos que destaca el informe de nuestro país en la SIP ocurrió el 26 de julio del año en curso frente a las instalaciones de Televisora de Costa Rica y Cable Tica. Ese día en horas de la madrugada tres sujetos detonaron una bomba de fabricación casera. La explosión produjo daños en las instalaciones de la televisora nacional.

El Organismo de Investigación Judicial revisó la escena y determinó que este artefacto era un extintor relleno de explosivo que contaba con un temporizador y se colocó en la base de un poste de energía. El caso permanece bajo la lupa de las autoridades porque se desconoce el móvil del atentado y no se identificaron sospechosos.

Otro de los eventos que merecen atención es la detención de Greivin Rodríguez, corresponsal del DIARIO EXTRA. Miembros de la Fuerza Pública lo esposaron, lo encerraron en un camión policial y sin motivo aparente lo mantuvieron en celdas más de cuatro horas.

Los hechos tuvieron lugar en Orotina, Alajuela, cuando el profesional de la comunicación recopilaba información sobre un aparente crimen. En la escena una jueza penal le impidió tomar fotografías y entrevistar a los policías que hicieron el abordaje inicial del caso.

A Rodríguez no solo lo aprehendieron, sino que también le decomisaron su teléfono celular y su cámara de video. Además las autoridades borraron el contenido de ambos dispositivos. Peor aún, las autoridades a cargo de la detención aún no le entregan parte alguno que justifique su actuación, por el contrario, lo amedrentan para que desista de denunciar.

Un tercer incidente que debe mencionarse es la agresión a varios equipos de prensa por parte de organizaciones sociales durante las pasadas protestas contra el gobierno. Periodistas y fotógrafos de los medios digitales CRHoy y El Observador, así como de los canales Repretel, La Nación y Telenoticias, fueron víctimas directas de la represión por parte de algunos grupos sindicalistas que protagonizaron fuertes huelgas por temas fiscales y de empleo público.

Cabe destacar que en una de estas manifestaciones sociales un sindicalista arrebató el teléfono celular a un comunicador de El Observador y lo lanzó al piso, como muestra de descontento con el proceder del medio. Un equipo de Canal 7 también fue abucheado y ahuyentado tras el lanzamiento de bolsas y botellas de agua durante una cobertura.

Por su parte el gobierno del señor Carlos Alvarado, quien es periodista de profesión, echa mano a artimañas para ocultar información pública a los comunicadores que cubren Casa Presidencial.

Recomendó a sus ministros y demás miembros del gabinete que guarden silencio ante las consultas de los comunicadores y todos los contenidos deben ser enviados vía correo electrónico para ser atendidos.

En las conferencias de prensa se eligen los medios que pueden hacer consultas y se prohíbe repreguntar, lo que a todas luces representa censura y no solo lesiona la libertad de prensa, sino también el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados del desempeño presidencial.

Hace apenas unos días la ministra de Comunicación, Nancy Marín, reunió a un grupo de periodistas en el recinto de gobierno y les advirtió que no permitiría más reclamos ni manifestaciones sobre la actuación del equipo de prensa del mandatario, pues estará dispuesta a interponer denuncias. Esto es una amenaza directa de la funcionaria que no debe ignorarse. El gobierno Alvarado Quesada sigue bloqueando a medios de comunicación que denuncian irregularidades en la gestión y contrató a la agencia Bambú Capital Sociedad Anónima para contrarrestar y desmentir las publicaciones.

Lo grave es que esta empresa, que recibirá cerca de $750.000 del erario, brindó información falsa para ser contratada por el Estado y este detalle Casa Presidencial lo pasó por alto.

Esto muestra el poco respeto de la administración hacia el quehacer periodístico y su noble función de informar a los ciudadanos sujetos de derecho.

Se suman a estas inminentes lesiones los proyectos de ley que se mantienen en la corriente legislativa, como son Fake News, Delitos informáticos y Extinción de Dominio.

El país debe proteger y velar por la protección de los derechos y libertades, pero ante todo procurar que la rendición de cuentas, la fiscalización y el control ciudadano sigan siendo herramientas de carácter púbico en aras de la transparencia.

El ataque sistemático a los medios y sus profesionales por parte del poder político y económico es señal evidente del temor a que su negligencia e inoperancia queden al descubierto.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Martes 08 Octubre, 2019

HORA: 12:00 AM