Dos iniciativas de ley que buscan reformar la regulación, adquisición, posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y almacenaje de armas en el país se dictaminaron el pasado jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Se trata de los proyectos N°20.508, denominado: Ley de Armas y Explosivos N°7530 del 10 de julio de 1995, artículos 3, 25, 88 y 89 y el N°20.509, denominado: Ley de Armas y Explosivos N°7530 del 10 de julio de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51.
La primera iniciativa de ley aumenta la sanción de 2 hasta 4 años de prisión para quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso.
Asimismo, la pena se incrementa de 4 a 8 años a quien posea, adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional o utilice armas prohibidas por esta ley.
También se aplicará una nueva pena privativa de 10 a 20 años cuando se realicen las anteriores actividades con armas de destrucción masiva, armas y municiones prohibidas por los convenios de Derecho Internacional.
Mientras tanto, en la segunda propuesta de ley planteada por el órgano legislativo, se establece la prohibición para la portación de armas a personas que estén siendo procesadas judicialmente o tengan antecedentes relacionados con delitos contra la propiedad, violencia doméstica, delitos contra la vida, contra la libertad e infracción a la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, crimen organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia; o bien cuando exista una resolución en que se inhabilite por un juez para portar armas mientras se dicta sentencia sobre este tipo de delitos.
“Después de muchos años, logramos avanzar con estas iniciativas que tratan sobre la temática de armas, en medio de la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, son proyectos que buscan dar herramientas al Ministerio de Seguridad Pública”, explicó el diputado liberacionista Gustavo Viales, quien preside dicha comisión.
PROBLEMA EN AUMENTO
Para el diputado oficialista Enrique Sánchez, el aumento en la tasa de homicidios, en que destaca un gran porcentaje de hechos relacionados con armas de fuego, justifica iniciativas como estas.
“Costa Rica se encuentra en una zona estratégica para el trasiego internacional de drogas. En los últimos años, diversos cambios en las condiciones de la región provocaron mayor actividad del crimen organizado dentro de nuestras fronteras, pero no hemos modificado nuestra legislación para afrontar ese problema. Estas dos iniciativas son una respuesta oportuna para mejorar las condiciones de seguridad de todos”, aseveró Sánchez.
Otras medidas que contemplan los proyectos son una clara delimitación de las características de las armas permitidas y una identificación de lugares y espacios públicos en los cuales está totalmente prohibido la portación de armas, como instituciones públicas, centros educativos y de salud, establecimientos comerciales con licencia de comercialización de licor, centros recreativos, casinos, estadios, etc.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 17 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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