La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) acusa a los exdiputados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) Óscar López Arias, Rita Chaves Casanova, Martín Monestel Contreras y Víctor Emilio Granados Calvo por el delito de peculado. Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público tras una consulta de DIARIO EXTRA.
En concreto se trata de dos denuncias, aclaró la Fiscalía, que tienen que ver con el uso de plazas pagadas con dinero público y usadas en apariencia de forma irregular.
“La Fapta acusó dos actuaciones que, a criterio del Ministerio Público, son ilícitas. Una de ellas tiene que ver con nombramientos ‘fantasma’ en plazas de asesores (plazas de confianza) a familiares o amigos de los imputados, quienes, sin embargo, no se presentaron a trabajar”, indicó la oficina de prensa.
La otra conducta tiene que ver con el uso de dos plazas de asesores para que trabajaran con López en momentos en que él no era congresista de la República.
NIEGA LOS HECHOS
Consultado sobre el tema, López, quien funge hoy como presidente del PASE, negó los hechos e insistió en que no ha sido notificado.
“Yo no le puedo dar una reacción porque ni siquiera he sido notificado de esto que usted me dice”, apuntó. Se intentó conocer la posición de los otros tres exlegisladores, pero no respondieron las llamadas a sus celulares.
¢165 MILLONES
Por esta causa la Fiscalía indicó que calcula el perjuicio económico al Estado en ¢165 millones. Además, ha pedido a la Procuraduría General de la República (el abogado del Estado) que decida antes del 22 de mayo si se constituye como querellante o actor civil en la causa.
Además de los cuatro exparlamentarios, el Ministerio Público incluye como imputados a siete personas más de apellidos: Brenes Villalta, Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Madrigal Morera, Casanova Aragón, Arias Jiménez, Esquivel Mondragón.
De estos nombres Flor María Zamora Álvarez fungió como tesorera propietaria del partido, Eduardo Rodríguez Rodríguez fue secretario suplente y Andrea Brenes Villalta secretaria propietaria en 2013. Esta última es hija de Zulema Villalta, expresidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (Conapam).
OTRA CAUSA
La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclararon que existe una denuncia más, que presentó el TSE (expediente 13-000010-033-PE) por el uso de la deuda política.
Según Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, en diciembre de 2017 la Secretaría del Tribunal trasladó a este despacho -para su respectivo trámite- una denuncia cuyos hechos se relacionan con la liquidación de gastos presentada por el PASE para el periodo trimestral abril-junio 2015.
“Conviene recalcar que a la fecha el análisis de los hechos denunciados se encuentra en una etapa inicial de avance que no permite aún confirmar o descartar alguna irregularidad al marco normativo que regula el régimen financiero de los partidos políticos, ni precisar a posibles responsables”, indicó Chacón.
HASTA 12 AÑOS CÁRCEL
Los exdiputados se exponen a una sanción de 3 a 12 años de prisión, según lo establece el Código Penal en el caso del delito de peculado. Este es incluido en el Código Procesal Penal, en el artículo 361:
“Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Viernes 18 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
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