La junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) decidió el jueves prorrogar el estatus de permisionarios para los autobuseros que tienen rutas de transporte público.
La extensión es por 3 años al estatus de permisos en precario en que se encuentra el 100% de las rutas de autobús de todo el país, decisión basada en una interpretación legal de la Dirección de Asesoría Jurídica.
Sin embargo la noticia molestó a muchos, entre ellos a Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien no ocultó su descontento por lo sucedido y criticó fuertemente la decisión.
“El CTP se sigue burlando de la población (...) El permiso otorgado hace tres años era por mientras se realizaban los estudios de calidad para poder refrendar los contratos de concesión, en tres años el MOPT y el CTP han sido incapaces de poner en orden el estatus legal del servicio de autobús”, denunció.
“Ahora vienen con una prórroga de tres años más, perpetuando el actual desorden en el transporte público masivo. Seguiremos con presas, sin una verdadera sectorización, sin estudios de calidad, sin cobro electrónico y los autobuseros continuarán en una total inseguridad jurídica”, añadió.
Ante esto Hernán Bermúdez Sánchez, Director ejecutivo a.i. CTP afirmó El acuerdo referido, adoptado por parte de la Junta Directiva el 20 de setiembre de éste año, en nada hace referencia, a los temas de pago electrónico y sectorización. Erradamente, se hace una mezcla de elementos que distan entre sí, y que al parecer, quién los expuso, carece del conocimiento necesario, no realizó una correcta lectura del acuerdo, o no investigó adecuadamente, ya que le trámite de refrendo no guarda relación alguna con pago electrónico ni con sectorización.
La controversia continúa luego de que tanto la Procuraduría General de la República como la Defensoría de los Habitantes se han referido a la necesidad de que se cuente con contratos de concesión.
La Procuraduría aclaró que el objeto de los permisos es que se brinde el servicio público mientras se preparan las licitaciones y se cumplen los trámites para su eficacia.
Mientras que la Defensoría estimó que es necesario que el CTP valore la posibilidad de pasar al proceso de licitación pública, es decir, desacelerar el proceso de renovación de concesiones en curso.
Guerrero afirmó que el decreto 28337-MOPT es la base de todas las políticas públicas de sectorización y establece que la forma más adecuada y eficiente para la prestación del servicio público de autobús debe ser mediante una concesión.
Para la legisladora el que se otorgue un permiso como el que se usa actualmente no es una opción viable, por lo que se debe cambiar por completo el protocolo que rige actualmente.
Bermudez Sanchez agregó “Los estudios de evaluación para la calidad del servicio de transporte público, no corresponden a un requisito para obtener el refrendo de los contratos por parte de los operadores. Lo necesario, entre otros aspectos y requisitos establecidos por la Aresep, son los Estudios de Demanda. De éstos estudios de demanda, se han ejecutado 31 de ellos, y se han enviado 4 a conocimiento de la ARESEP y 27 están pendientes de envío a dicha autoridad reguladora”.
PLEITO ES VIEJO
Todo nació luego de que varios diputados acusaran a Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, de haber mentido a la Comisión de Asuntos Económicos el 1 de febrero de este año, durante una comparecencia.
Durante dicho proceso Zárate afirmó que los operadores de ruta regular de autobuses son concesionarios, cuando en realidad lo que presentan es un permiso porque los contratos no tienen refrendo.
El tema causa polémica desde marzo de este año, cuando Guerrero dijo que ante una consulta a la Procuraduría aclarada en el oficio OJ-032-2017 se desmiente lo dicho por el director del CTP.
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Sábado 23 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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