Luego de 5 años de investigación, con elevados costos para el país, el Ministerio Público informó que ya está lista la acusación por el caso La Trocha fronteriza, la Ruta 1856, y hay 26 personas acusadas ante el Juzgado Penal de San José, se exime de esa diligencia a la ex presidenta de la República, Laura Chinchilla y al ex ministro de Transportes, Francisco Jiménez.
Ambos fueron los superiores a cargo de ordenar comenzar con la construcción de la mega obra que poco tiempo después resultó uno de los casos de corrupción más graves y evidentes del país.
Así lo dio a conocer el fiscal general Jorge Chavarría, quien argumentó nuevamente que la investigación se complicó debido a la cantidad excesiva de informes contables, facturaciones, documentos y cuentas bancarias que el grupo de funcionarios judiciales tuvo que analizar para pedir que el caso sea llevado a juicio.
“Se entrevistaron alrededor de 250 testigos, se realizaron alrededor de 58 allanamientos, tenemos 668 folios del expediente y aproximadamente 86 informes del Organismo de Investigación Judicial, esto les da una idea de que no hemos estado peinándonos, hemos trabajado arduamente, pero todo lleva un proceso muy complejo de elaborar correctamente”, acotó Chavarría.
El fiscal indicó, en cuanto a la exclusión de altos jerarcas, que no se determinó durante el proceso de investigación la culpabilidad de la que se habló en reiteradas oportunidades, y que vinculaba entre otros al exministro de Transportes Francisco Jiménez, miembro de la comisión para la construcción del proyecto Ruta 1856, fronterizo con Nicaragua, e incluso a la exmandataria liberacionista Chinchilla Miranda.
DIARIO EXTRA supo que en 2012 el Ministerio Público envió una carta al Juzgado Penal de San José en que señalaba a Francisco Jiménez como el líder del grupo “capo” de este caso, sin embargo, al exministro nunca se le indagó.
Por el contrario, la fiscalía señaló que al haber sido ellos (Chinchilla y Jiménez) los denunciantes, se pudo iniciar con el proceso de recolección de evidencias.
El caso La Trocha se resume a la construcción de la carretera fronteriza para personas tras la invasión de Nicaragua en suelo costarricense, por lo que Laura Chinchilla decretó emergencia en esa zona, con ello se vino abajo el proyecto vial.
Sin embargo, nunca hubo estudios ambientales, pero sí se descubrieron cobros irregulares y dobles facturaciones hechas por las empresas que participaron en la construcción de la vía que generaron un perjuicio de ¢1.235 millones al Estado.
Siempre se habló de una pérdida de más de 20 mil millones colones sin embargo en las pesquisas solo se permitió establecer un monto que apenas supera los mil millones y que ahora la Procuraduría deberá cobrar a los imputados.
“Cobraban por alquileres de maquinarias que en un día estuvieron en dos partes del país diferentes, o con las mismas fechas y horarios de labor”, dijo Chavarría.
Los delitos que serán procesados en un eventual juicio son cohecho, peculado, penalidad de corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia contra hacienda pública y legitimación de capitales.
26 IMPUTADOS
El Ministerio Público, a cambio, selló en el expediente 12-000053-0621-PE a 26 personas, de las cuales solamente hay tres funcionarios públicos.
Estos son Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi), y a los dos encargados de la obra La Trocha, Manuel Serrano Alvarado y Miguel Ramírez Marín, ambos ingenieros civiles.
La lista de acusados la continúan tres falsos supervisores de obra del Conavi, a quienes identificaron con los apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes.
Finalmente, 18 empresarios fueron indagados y posteriormente imputados en la causa judicial, además dos mujeres, esposas de estas personas, debido a que utilizaron parte del dinero del Estado.
DIARIO EXTRA conversó con Fernando Apuy, abogado del exdirector del Conavi Carlos Acosta Monge, quien afirma que su cliente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad por lo ocurrido en este caso.
“Es una verdadera lástima que un caso judicial que realmente pudo ser investigado de forma correcta se haya convertido en un caso meramente político, acá la fiscalía no ha hecho nada más que salir con una red y echar ahí adentro a cuanta persona apareciera en documentos, sin dignarse en buscar pruebas o elementos concretos.
Puedo estar seguro de que mi representado no tiene ligamen alguno con esto, a él ni siquiera se le puede vincular con un solo empresario de los que aparecen como acusados, de eso estamos seguros”, detalló Apuy.
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
De acuerdo con la investigación ejecutada por el Ministerio Público a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez, se estableció que gran parte de los fondos fueron rastreados en compra de viviendas, propiedades, vehículos y otros bienes.
El más documentado es el de Miguel Ramírez Marín, cuya esposa también es imputada en este caso. Ambos aparecen en una sociedad anónima llamada Inversiones Inteligentes Protectadas del Caucazo MFEF, por medio de la cual adquirieron una propiedad de aproximadamente 1.250 metros cuadrados en Los Ángeles de San Rafael, Heredia, donde presuntamente existía la construcción de una cabaña.
Cuentas bancarias fueron registradas y los secretos financieros se levantaron para desarrollar por completo la investigación.
