Costa Rica solicitó más de ¢3 mil millones a Nicaragua por el daño ambiental causado en Isla Calero, luego de que la misma fuera invadida por ese país, según informó Manuel González, canciller de la República.
El monto fue establecido luego de un estudio realizado por la Fundación Neotrópica, el cual se hizo de forma gratuita, indicó González.
El gobierno nicaragüense, al cual le fue entregado el documento, tiene hasta el 16 de diciembre para aceptar el monto, de lo contrario el informe costarricense sería entregado a la Corte Internacional de Justicia para que sea esta la que señala el dinero que se debe dar por indemnización.
“Hemos presentado al gobierno de Nicaragua la justificación del reclamo por la indemnización que nos concedió esa sentencia que tiene como fundamento el daño ambiental causado por ese Gobierno a la zona de Isla Calero”, comentó González, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
El 16 de diciembre del año pasado, la Corte Internacional falló a favor de Costa Rica y reconoció la soberanía del país en isla Calero. Además de que aseguró que, con la presencia militar y la construcción de tres caños, el gobierno de Daniel Ortega, violó la integridad del territorio costarricense.
“Se ha valorado en un monto superior a los $6 millones (más de ¢3 mil millones) que incluye dos aspectos. La valoración económica del daño ambiental en sí, los tres caños que rompieron, los árboles que botaron y otro componente que se refiere a los gastos que debió incurrir el gobierno de Costa Rica para cerrar uno de esos caños el año pasado en el mes de abril”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores.
La Corte Internacional había dispuesto un plazo de 12 meses para las partes presentaran la justificación y “que negociáramos entre nosotros el monto y el pago de esa indemnización. Si no se llega a un acuerdo al 16 de diciembre de este año, esa misma información se la presentamos a los jueces para que ellos sean en definitiva los que establezcan el monto”, comentó.
González señaló que toda la información suministrada al Gobierno de Nicaragua y el detalle de todos los aspectos que están incluidos no son datos que puedan compartir por consideración con el gobierno nicaragüense y la misma Corte Internacional. “Quedamos a la espera de la reacción del gobierno de Nicaragua”, indicó.
