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Nacionales

Acusan a exministro de 2 cargos de prevaricato

El juicio por el caso Crucitas se desarrollará hasta el 19 de diciembre en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José

La Procuraduría de la Ética acusó al exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, de dos delitos de prevaricato en el juicio del caso Crucitas, que se realiza en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.

 

Ayer inició el proceso y además de Dobles figuran como imputados funcionarios apellidados Espinoza, Cavallini, Lezama, Boza, Cruz y Corrales, a estos se les acusa de un delito de prevaricato.

 

El tribunal que ve el caso está integrado por los jueces Hugo Porter Aguilar, Mercedes Muñoz Campos y Sergio Quesada Carranza. Se tiene programado que se extienda hasta el 19 de diciembre.

 

Además de la Procuraduría de la Ética, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se sumó al proceso acusatorio.

 

 

ACTUACIONES DISTINTAS

 

 

La Procuraduría de la Ética, liderada por Ronald Víquez, presentó una extensa querella sobre el caso y a su criterio Dobles dictó resoluciones contrarias a la ley cuando firmó el decreto que derogó la moratoria de explotación minera y al declarar de interés público y de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas, el cual se desarrollaría por la empresa Industrias Infinito, esto en Cutris de San Carlos.

 

“Son dos situaciones distintas y dos actuaciones finales. Una tiene que ver con la resolución que ordena la conversión del acto en el cual lo vuelven a otorgar, eso es un prevaricato porque es una resolución final; la otra tiene que ver con el decreto que declaró de interés nacional y de conveniencia porque no reunía los requisitos legales que se establecen, y eso es también es un acto final y constituye también un prevaricato”, recalcó Víquez.

 

En el caso de Cruz, Corrales, Lezama y Quesada, Víquez pidió que se les acusara de un delito de prevaricato, mientras que a Cavallini y Espinoza el procurador de la Ética pública les atribuyó un delito de prevaricato en calidad de cómplices.

 

Por su parte, Natalia Rojas, representante del Ministerio Público, también leyó una larga acusación y dentro de la pieza sostuvo que Dobles, mediante una resolución suscrita en abril del 2008, actuó como Poder Ejecutivo, procedió a otorgar la concesión minera de oro a cielo abierto a la empresa Industrias Infinito, pese a tener conocimiento de que el acto era ilegal.

 

“El 18 de marzo del 2008, Dobles, actuando como Poder Ejecutivo, suscribió el decreto mediante el cual derogó el Decreto Ejecutivo que había declarado la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto, acción que realizó para proseguir los procedimientos administrativos a favor de Industrias Infinito”.

 

 

COPIA DE UNA DENUNCIA

 

 

El abogado del exministro Dobles, Laureano Castro, sostuvo que la querella presentada por la Procuraduría de la Ética “es una copia de la acusación fiscal. Una copia completa en los primeros 50 hechos, 49 hechos son una copia del Ministerio Público. Parece que, definitivamente se intercambiaron la llave maya y después del hecho 50 le agregó otros 50, que son hechos probados de una sentencia de un tribunal contencioso administrativo. Así no se acusa”.

 

Para Castro, los delitos de prevaricato mencionados por la Procuraduría General de la República no existen.

 

“De lo que se está hablando es de dos resoluciones cuestionadas. La que deroga una moratoria el Poder Ejecutivo, llámese presidente de la República y Ministro, es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, eso no es delito ni aquí ni en ninguna parte del país. Cualquier gobierno de la República puede dictar un decreto”, replicó Castro. En el caso del decreto de declaratoria de interés público que se le dio al proyecto minero Crucitas, adujo que este estaba a derecho, debido a que las instancias técnicas relacionadas no se opusieron.

 

“Se equivoca la acusación de la Procuraduría cuando dice que Roberto Dobles, actuando como Poder Ejecutivo, eso está completamente errado, es un desconocimiento del derecho administrativo, pues ningún ministro de este país es Poder Ejecutivo”, dijo Castro.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar

EMAIL: [email protected]

Martes 28 Octubre, 2014

HORA: 12:00 AM

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