Diario Extra - Cuestionan reforma a modelos tarifarios

La Contraloría General de la República cuestiona el proyecto que pretende modificar las metodologías de cálculo tarifario de los servicios que regula la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Tal como lo informó DIARIO EXTRA, el expediente 22.446, “Reforma General al Modelo Tarifario de los Servicios Públicos”, lo impulsa Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, para que las tarifas de los servicios sean más justas para los consumidores.

PLANTEAMIENTO

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que elimina el “principio de servicio al costo” para adaptar los servicios a un nuevo modelo de “servicio económico de interés general”.
“Propone utilizar nuevos modelos para la fijación tarifaria (precios al tope, fijación al coste económico por periodos largos, etc.) que estimule más eficiencia y menor costo, favoreciendo la competencia”, indica la Contraloría.
También elimina la opción de cargar a las tarifas las indemnizaciones establecidas en las resoluciones judiciales a las empresas reguladas y se propone valorar el traslado de la responsabilidad personal a los funcionarios o jerarcas responsables.
Precisamente la Aresep ha enfrentado varios casos, en especial con empresas autobuseras, donde termina definiéndose el pago de multas.

DUDAS

El primero de los cuestionamientos es sobre el planteamiento de la regulación de servicios mediante el libre mercado como servicios de interés general.
“La inclusión de regulación de los servicios económicos de interés general bajo el ámbito de la ley de Aresep es inconexa y trasciende el alcance de la competencia exclusiva y excluyente para la cual fue creada la Autoridad Reguladora, cual es la regulación económica de los servicios públicos, como bien lo delimita su nombre”, considera el ente contralor.
Además sostiene que el modelo vigente establece la obligación de que los prestatarios brinden los servicios en cumplimiento con las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima.
“De manera que al eliminar el principio de servicio al costo se corre el riesgo de adicionar dentro de las metodologías y fijaciones tarifarias costos que pueden ir en detrimento de los usuarios. La fijación del precio del servicio no debe incluir gastos o inversiones ajenos a su prestación”, añade la Contraloría.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Otro señalamiento que hace el órgano contralor es que se conserve la consulta pública como parte del proceso para el ajuste de tarifas.
“Con el fin de garantizar las herramientas institucionales y jurídicas de participación ciudadana, cuyo objetivo es la inclusión de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, sin menoscabar sus derechos de participación”, añade el análisis.
La iniciativa también plantea crear entes complementarios de regulación, sin embargo la Contraloría tampoco aprueba esta modalidad.
“No resulta conveniente debido a sus obligaciones para formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar los servicios públicos en forma óptima”, resolvió la Contraloría.
El proyecto se encuentra bajo análisis de la Comisión de Gobierno y Administración.

OTRAS OBSERVACIONES

Aresep tendría la posibilidad de ampliar la cantidad de información que puede solicitar a los prestadores de servicios públicos.
“La referencia del contenido de la información acerca de las inversiones, ingresos, gastos, costos y cualquier otra requerida para la fijación de las tarifas, así como para valorar la calidad del servicio, la atención de quejas e investigaciones y el cumplimiento de las normas operativas”, indica el documento.
A criterio de la Contraloría esto sí sería positivo porque daría mayor trazabilidad a los recursos que se toman en cuenta para la prestación del servicio.

FIJACIÓN DE TARIFAS

El texto indica además que se requiere mayor participación ciudadana en la fijación de las tarifas, inclusive señala que se tomen criterios de asociaciones de desarrollo y otras organizaciones civiles de las comunidades que se verían afectadas por las decisiones.
“La Contraloría General observa que someter a reglamentación los propios actos de modificación, aprobación o rechazo de las solicitudes de fijación o cambio de tarifas podría dar mayor transparencia de sus actuaciones y certeza a las partes interesadas”, añade.
Como parte de los cambios se propone que la fijación de tarifas sea a decisión del prestador del servicio y no una como mínimo por año obligatoriamente, como se establece en la metodología actual.
“Cualquier modelo a utilizar debe ir siempre acorde con el principio del servicio al costo, la ciencia y la técnica, la razonabilidad y proporcionalidad del acto administrativo, entre otros principios jurídicos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional”, determina la Contraloría.