Un reciente informe de la Contraloría General de la República cuestionó los débiles controles que ejecuta el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para hacer las transferencias de dinero a entes privados.
“Se determinó que el PANI no dispone de mecanismos adecuados de coordinación con instituciones públicas del sector social, con el fin de maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas ONG que atienden a la población en etapa de niñez y adolescencia”, señala el documento.
De acuerdo con el análisis, el Patronato registra ausencia de estimaciones y estudios técnicos completos por parte del Departamento Financiero Contable y el Departamento de Protección.
En los siguientes recuadros usted podrá repasar los hallazgos del estudio.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Uno de los aspectos que señala el informe es que no se ejerce un control sobre la asignación de los recursos.
“Es preciso indicar que el Patronato carece de un Manual de Valoración de Riesgos en ONG, en el cual se consideren los niveles de riesgo de cada organización. Tampoco se dispone de un Plan Anual de Supervisión, elaborado en forma conjunta entre el Departamento de Protección y el Departamento Financiero Contable”, indica la Contraloría.
El ente contralor hace referencia a que por ley el Patronato debe vigilar las organizaciones no gubernamentales (ONG) y elaborar un informe de las supervisiones que hace de esas entidades.
“Se aumenta el riesgo de que recursos transferidos a ONG encargadas de la atención de la población menor de edad se utilicen en fines distintos a los previstos en la normativa aplicable, sin que esa situación sea detectada en forma oportuna por parte del PANI”, acotó el ente contralor.
NORMAS DESACTUALIZADAS
A nivel de normativa interna el PANI presenta otra deficiencia, según la Contraloría, y es que no todos los manuales y reglamentos se encuentran debidamente actualizados. “La revisión del Reglamento de Transferencias del PANI, a la luz de las normas emitidas por el Órgano Contralor, revela una concordancia del 30%, siendo los capítulos de formulación y de aprobación los que no presentan nivel de concordancia, y el de control el de mayor concordancia con un 80%”, agrega el ente contralor.
Básicamente la Contraloría indica que las normas que el PANI aplica no concuerdan con las que el órgano contralor dicta para las transferencias de dinero.
FALTA DE SUPERVISIÓN
Finalmente, la falta de supervisión de los recursos que se asignan a las organizaciones no gubernamentales es otro de los puntos que expone el informe.
“Se evidenció que dicho modelo no incorpora la totalidad de las ONG que reciben recursos del PANI, razón por la cual la Gerencia Técnica de ese Patronato está solicitando ante la junta directiva ajustar el modelo de costos 2020 para incorporar todas las ONG en la propuesta correspondiente”, explica la Contraloría. Además expone que eso se presenta a pesar de que en 2020 entró en vigencia un nuevo modelo para registrar las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del PANI.
“La situación expuesta refleja un uso ineficiente de los recursos por parte del PANI al contratar la elaboración de un modelo de costos que a la fecha no ha sido implementado y que requiere estudios financieros y técnicos para su puesta en marcha, además que las organizaciones privadas operen con costos desactualizados, en detrimento del servicio que se le brinda a la población menor de edad”, concluye el informe.
Manuel Corrales
Contraloría General de la República
“La Contraloría General de la República encontró debilidades en la supervisión de los recursos que son transferidos. A pesar de que hay un modelo de costeos para distribuir los recursos, a la fecha no ha sido puesto en práctica. En cuanto a la asignación de recursos, no se consideran subsidios que pudiesen haber sido otorgados por otras representaciones del sector social, lo cual no permite que se maximice el uso de recursos para los programas”.
PANI RESPONDE
DIARIO EXTRA consultó al PANI cuál es su percepción sobre los hallazgos del ente contralor.
“Las recomendaciones que brinda la Contraloría General de la República se encuentran totalmente alineadas a las área de mejora que la Administración logró detectar hace unos meses y que para abordarlas ha venido elaborando los planes de acción necesarios, a fin de enrumbar y fortalecer dentro de la legalidad y el uso de nuevas herramientas, los mecanismos de control en las transferencias que el PANI hace a las ONG que brindan la protección a los niños, niñas y personas adolescentes”, dijo Guiselle Zúñiga, gerente de Administración. De acuerdo con la funcionaria, los plazos para reportar mejoras ante la Contraloría se extienden hasta 2022 y la administración del PANI considera que la totalidad del plan de medidas y corrección finalizaría en 2023.
PERIODISTA: Mario Taboada
CRÉDITOS: Foto: Cortesía Contraloría General de la República
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Sábado 18 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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