Anular la sentencia de 19 años de prisión interpuesta por el Tribunal Penal de Cartago contra Kenneth Enrique Mejía Chavarría, de 38 años, es uno de los objetivos de Randall Salazar, padre Luany Valeria Salazar Zamora, joven asesinada en junio de 2020.
Así lo mencionó el representante legal de Salazar, el licenciado Joseph Rivera, quien lleva la causa en la que solicitarán el aumento de la pena impuesta por dicho tribunal.
Cabe mencionar que en la resolución por parte de la Fiscalía se habían solicitado 50 años de prisión para el imputado por los delitos de homicidio y robo calificado en contra de Luany, sin embargo la condena por homicidio simple y hurto agravado alcanzó los 18 y 1 año, respectivamente.
Ante dicha sentencia, el progenitor buscará ampliar la pena de cárcel otorgada a Mejía. La apelación fue realizada al expediente 20-000545-0071-PE y se espera que la medida se valore en dos o tres meses.
LOS HECHOS
Los familiares reportaron desaparecida a la mujer de 23 años el 9 de junio del año anterior tras salir de su casa ubicada en Linda Vista de La Unión, Cartago.
Seis días después, específicamente el 15 de junio del 2020, el hermano de la fallecida, con ayuda de su esposa, encontraron el cuerpo enterrado en el patio de la vivienda de un vecino.
En apariencia y según se mencionó en el contradictorio, Luany estuvo en compañía de una persona nombrada como “Franchesca”, quien además compartía con el encartado.
Se presume que Mejía le habría propuesto un negocio a Salazar, por lo cual se dirigieron hasta el hogar del masculino, sitio donde habría acabado con la joven.
Según detalló Lawrens Chacón, patólogo a cargo de la indagación, el cadáver llevaba varios días enterrado en el patio de la casa propiedad de los familiares del imputado.
“No encontramos ningún tipo de huevecillo, larva, moscas alrededor del cuerpo, que ya se encontraba envuelto en plásticos. Lo que nos haría intuir que el cadáver fue envuelto en esos plásticos poco tiempo después de la muerte”, expresó.
Entre lo descifrado por la autopsia se dice que Luany habría recibido dos heridas por arma blanca de tipo punzocortante en el lado derecho del cuello, lo cual le produjo la laceración de ambas venas yugulares internas.
RECURSO
DIARIO EXTRA conversó con Joseph Fonseca, abogado de Salazar, quien manifestó esperan tener una respuesta en los próximos meses y con ello recalificar los hechos.
“Nos parece que los argumentos han sido totalmente erráticos y catastróficos porque ellos en cinco líneas dicen que no hubo alevosía, que el sujeto se la llevó engañada y aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, la atacó por sorpresa con un objeto punzocortante sin que ella se pudiera defender”, acotó.
Para Rivera, las pruebas presentadas durante el desarrollo del contradictorio en apariencia mostraban cómo sucedieron los hechos, sin embargo el abogado querellante se mostró molesto por la pena impuesta por el Tribunal Penal de Cartago.
“Dicen que eso es un indicio anfibológico, que no se pudo probar, pero si el sentido común a mí me dice que es el menos común de los sentidos utilizando las reglas de la sana crítica racional, si se sabe según el testimonio que es una prueba directa de la amiga, esta muchacha Franchesca, obviamente se la llevó engañada”, expresó.
Entre lo especificado por Rivera se espera que en los próximos días puedan ser llamados a una audiencia oral y pública donde valorarían la opción de llevar el caso nuevamente a las salas de juicio brumosas.
“La admisibilidad sí se da porque cumple con los requisitos de forma y fondo según el artículo 461, 462, 463 del Código Procesal Penal. Por haberse presentado al Tribunal Penal de Juicio tiene que emitir una resolución diciendo que se admite y envía el expediente al Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago”, enfatizó.
Asimismo, el abogado mencionó que solicitarán al Tribunal de Apelaciones que anule la sentencia y que sea otro tribunal quien valore el quantum de la condena, situación que se llevaría de dos o tres meses.
DENUNCIA
A DIRECTOR OIJ
Rivera también señala el actuar del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, quien a su criterio reveló información sensible.
“En el 295 está que, en la investigación preparatoria e intermedia, la información que se ventila en una causa judicial no puede ser conocida por terceras personas; tanto los abogados querellantes, la Fiscalía, el juez como el defensor tienen que guardar recelo de la información que está plasmada en esa causa de investigación”, explicó.
Debido a esto Rivera fue enfático en que Espinoza dio detalles que fueron mencionados durante el proceso de investigación, donde hizo referencias que atentaron aparentemente contra la integridad de la familia de la occisa.
“Él sí reveló esa información de ese expediente y no tuvo que haber dicho que José Carlos Romero Hidalgo (conocido como Cachetón) era un narcotraficante, él no era narcotraficante. La banda de Pollo amenazó a doña Patricia, a toda su familia, y amenazó a Cachetón, ellos nada que ver en esa situación de narcotráfico”, comentó.
De acuerdo con el querellante, las acciones del director judicial buscarían quitarles responsabilidad a otras personas.
“Los estaban implicando en un hecho que ellos no hicieron, eso en materia penal se determina como denuncia calumniosa, lo que hizo Walter. Yo siento que él quería generar un chivo expiatorio para lavarse las manos y generar impunidad, o más bien quería responsabilizar a otras personas por el mal actuar de otras personas, no tenía que revelar esa información privada que afectaba no solamente la imagen de la ofendida, sino la vida personal de Cachetón y doña Patricia”, concluyó.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
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Martes 17 Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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