Rocío Aguilar, titular de la Superintendencia de Pensiones (Supen), había pedido a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que la reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) entrara a regir en 18 meses, en lugar de los 24 que plantea la institución.
Así lo dio a conocer al argumentar que eso es lo que dispone la Sala Constitucional. Según Aguilar, “esto le ahorraría al régimen cerca de ¢100 mil millones, en contraposición de un transitorio más largo con vigencia hasta en 2025”.
Adujo que aunque es una medida impopular había que tomarla porque en los últimos años el IVM ha mostrado la necesidad de reformas que le permitan afrontar los retos del envejecimiento poblacional, la reducción en la tasa de natalidad, los cambios en el mercado laboral y la alta informalidad, entre otros aspectos.
También señaló que algunas situaciones provocaron que los trabajadores activos por pensionado cayeran de 32 a 6,7 en los últimos 20 años, con los consiguientes problemas de la sostenibilidad del régimen.
“Eliminar la pensión anticipada no solo es necesario en razón de sostenibilidad del IVM, sino que permite una solidaridad intergeneracional, donde los que tienen mayor densidad de cotización porque han tenido mejores empleos contribuyen con aquellos que han tenido empleos más precarios”, explicó.
Dijo que no tomar una decisión para continuar otorgando beneficios por encima de los recursos del régimen seguirá deteriorando un pasivo actuarial que para 2018 alcanzaba los ¢100 billones (2,86 veces la razón del PIB) y que reflejaba que el régimen solo podía asegurar, con contribuciones o reservas, ¢1 de cada ¢2 de las pensiones de los próximos 100 años.
“A diferencia del pasado, no se puede ajustar el régimen por vía de aumento de las contribuciones, ya que encarecería aún más las planillas en momentos que el 50% de los trabajos se genera en la informalidad”, manifestó.
Añadió que el Estado no tiene la capacidad para cubrir ese faltante, ya que de mantener los beneficios actuales tendría que desembolsar un cheque anual de más del 3% del PIB durante los próximos 100 años.
“Toda esta coyuntura hace que reconozca la valentía de la junta directiva de la Caja al aprobar una reforma impopular, pero que cumple con la promesa hecha a todos los cotizantes del IVM de contar con una pensión acorde con las capacidades de la institución y las aportaciones que hagan los cotizantes al momento de jubilarse”, manifestó.
Aguilar cree que al contar con más del 92% de los afiliados y pensionados, la sostenibilidad del IVM constituye un tema de interés nacional, al que se deberían abocar los expertos en la materia, dentro de un Consejo Nacional de Pensiones que permita consolidar un sistema nacional de pensiones con mayor capacidad de ahorro para pagar mejores jubilaciones y proteger contra la pobreza a los costarricenses en su vejez.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 14 Agosto, 2021
HORA: 12:00 AM
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