Diario Extra - Reglamento de Generación Distribuida se aprobaría sin ley

El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, pidió cuentas a la ministra de Ambiente, Andrea Meza, sobre la aprobación del reglamento sobre Generación Distribuida.
Hay que recordar que, a mitad del 2020, el gobierno comunicó que el Ministerio de Ambiente se encontraba en proceso de análisis de un nuevo reglamento para la generación distribuida en el país. Este tipo de producción eléctrica también es conocida como “in-situ” (en el sitio) y consiste básicamente en que cada persona que así lo desee genere su propia electricidad con base en fuentes renovables.
Hasta el momento, en el país, la fuente más popular en generación distribuida es la instalación de paneles solares.

CARTA

Mediante una carta dirigida al despacho de la ministra, el diputado solicita a Meza que explique las razones del porqué se está tramitando un reglamento en esa cartera, ya que en la actualidad aún se encuentra en trámite un proyecto de ley en la Asamblea para regular la actividad.
“Explique por qué se avanza en un reglamento sobre generación distribuida por parte del Poder Ejecutivo, mientras se discute un proyecto de ley con el mismo fin en la Asamblea Legislativa” cita la carta.
Villalta también pidió que se explique cuál es el estado actual del reglamento.

MÁS OPOSICIÓN

Esta no es la primera vez que un diputado se opone a la aprobación del reglamento sin que se haya aprobado la ley previamente.
Precisamente, los legisladores Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza, de la propia fracción de gobierno, pidieron al presidente que no se firme el reglamento.
Según argumentaron los diputados en otra carta dirigida al mandatario, la normativa tiene varios vicios e irregularidades que podrían generar privilegios a unos pocos.
“Firmar el decreto pondría en peligro el modelo eléctrico solidario, trasladando a los usuarios de menor ingreso los costos fijos del Sistema Eléctrico Nacional”, menciona la misiva dirigida a Zapote.
Además, señalaron que la afectación que podría generarse por esos privilegios, esos “beneficios excesivos”, sería cercana a los $6 millones anuales en favor de los productores, quienes harían uso del Sistema Eléctrico Nacional sin aportar nada para su mantenimiento.