Diario Extra - Policía de brazos cruzados ante casas abandonadas

El aumento de casos de ticos que viven en situación de calle hace que estas personas aprovechen cualquier sitio que no es habitado o que sus dueños no lo frecuenten.
Tal es el caso de una casa en el centro de San José, a escasos metros de la Junta de Protección Social (JPS), que mantiene a los vecinos de Barrio Don Bosco con gran preocupación ante los hechos de inseguridad que se presentan en la zona.
La vivienda de gran tamaño fue tomada por indigentes y mantiene a los lugareños en vilo ante los robos que se cometieron en dicha propiedad, situación que ha hecho que se adueñen de dicho terreno y tenga atemorizados a los otros propietarios con los que colinda esta estructura.
En apariencia dicha propiedad se encuentra bajo un proceso de embargo, el cual impide la actuación de las autoridades.

TIERRA DE NADIE

DIARIO EXTRA conversó con Mario Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien dice que la responsabilidad es de los propietarios.
“La responsabilidad primaria es del dueño de la edificación, esto para un tipo de cerca o derribarla”, mencionó.
Para el dirigente policial los abordajes se dan en dos vías en las cuales se determina qué hacer y quién debe hacerlo.
“Por ley la Municipalidad debe hacer cumplir las normas de construcción y de demolición ante la existencia de un peligro que comprometa la vida de las personas”, acotó.
Ante la problemática que enmarca a los vecinos y comerciantes de la zona, el ayuntamiento solo puede reforzar los patrullajes cerca del sitio.
“Se hacen patrullajes para desincentivar el consumo de droga. En esta propiedad es frecuente sacar la gente, decomisar droga y armas punzocortantes, ya que, al ser una propiedad abierta, todos pueden ingresar”, expresó.
Según Solano, en este caso se hace un trabajo técnico de inspección urbana en el que se ubica al dueño registral para realizar el cierre perimetral del terreno, sin embargo ante los procesos judiciales en que se encuentra dicha edificación no ha sido posible.
“En este caso no se encuentra dueño al que se le pueda dar la notificación, ya que están en un proceso judicial, por eso se hacen solo contantes abordajes”, citó.

NO PUEDEN ACTUAR
RÁPIDAMENTE

Para Solano las limitantes que les impone la ley hacen que en ocasiones solo puedan patrullar la zona y revisar a los individuos que están cerca con el propósito de decomisar sustancias ilícitas o armas.
“Nos hemos complicado porque las autoridades públicas solo podemos hacer lo que la ley diga. La gente cuestiona por qué un funcionario público no toma determinada decisión o acción”, mencionó.
El director policial adujo que si actúan sin alguna notificación pueden verse en problemas legales.
“En estos casos la Municipalidad no puede contratar una obra, levantar una tapia, poner malla o cerca perimetral bajo costo de la Municipalidad porque la ley no lo prevé”, agregó.
Según Solano, flexibilizar ciertas normas o leyes podría beneficiar el trabajo de las autoridades que deben atender estos incidentes.
“Necesitamos flexibilizar las normas para que decisiones tan fáciles como poner una malla no sea visto como una obra ilegal por cuenta de quien tiene la responsabilidad de poner orden”, explicó.
En muchas ocasiones, pese a tener conocimiento de los hechos, los agentes deben limitarse a lo que establece la ley.
“Por más que estemos conscientes del problema, que sepamos que los vecinos tengan un problema con la propiedad, por más que veamos que hay un problema de orden público de salubridad, la Municipalidad no puede realizar una obra porque es ilegal”, manifestó Solano.

DAÑOS A COMERCIOS

Francisco Quirós, gerente de Ventas de Anca Médica, empresa de equipo médico que se encuentra contigua a la casa deshabitada, indicó que la vivienda está así hace meses tras el aparente embargo del banco estatal.
“La casa estaba completa, tenía verjas, techo, láminas de zinc y estaba cerrada, en el caso de nuestra empresa se tuvo que invertir en una cerca para que no ingresaran a esta propiedad”, señaló.
Mario Bermúdez, subgerente de la misma corporación, mencionó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que se ha notificado a las autoridades, pero ante la situación de la propiedad se han visto afectados.
“Se avisó a las autoridades y no podían hacer nada, la policía pide la cédula a los muchachos, los revisaban y se van”, añadió.
De acuerdo con Bermúdez, días atrás se vieron afectados cuando estas personas lograron hacer un hueco en una de las paredes para intentar robarles.
“Se hizo una inversión de varios millones en la parte trasera para cerrar la propiedad, ya que nos dio miedo por el guarda y los activos”, citó.

VECINOS TEMEROSOS

DIARIO EXTRA conversó con Catalina Schifin di Luca, vecina afectada, quien menciona que la Municipalidad dice que no puede hacer nada porque le toca al banco.
La adulta mayor se muestra preocupada e inclusive dijo tener días en que no ha podido dormir ante el temor de que su hogar sea invadido.
Por su parte Fátima Castro, quien colinda con la propiedad y tiene un puesto de frutas, señala sentirse preocupada por lo que pasa cerca de su vivienda, lo cual pone en peligro a toda su familia.
“Esta semana estuvieron tirando piedras, hay niños, ya ni en el día podemos estar tranquilos, debido a que están sacando cosas y si alguien interviene se ponen agresivos”, expresó.
A tal punto llegó su temor que mientras duermen se han tendido que levantar para sacar a los sujetos de sus terrenos.
“A veces uno está durmiendo y hay que levantarse para sacarlos. Pero más lo que dura uno sacándolos porque en cinco minutos ya están”, expresó.
La madre de familia pide a las autoridades que cierren dicha propiedad. “Así como exige el gobierno que paguemos impuestos queremos que hagan algo”, solicitó.

NIÑOS EN RIESGO

Gina Martínez, encargada de una guardería, pide a las autoridades una pronta intervención ya que los habitantes de la calle que desmantelan la estructura josefina hacen de las suyas en todo momento.
“Un día de estos como a las 9 a.m. una vecina nos dijo que andaban en el techo, los niños no pudieron salir a jugar por temor a que les tiren algo”, denunció.
Según Martínez, ha tenido que llamar en múltiples ocasiones a la línea de emergencia 9-1-1 por miedo a que los menores que cuida sufran alguna agresión.
“De Semana Santa a la fecha aumentaron los casos. Ahora llamo al 9-1-1 de tres a 4 veces al día”, manifestó.
Martínez, quien es madre, indicó a El Periódico del Pueblo que la inseguridad se apodera del lugar y ante la situación su hijo, que duerme en una segunda planta, ahora descansa en la sala por temor a ser agredido.
“Mi hijo duerme en una segunda planta y ahora duerme en la sala porque está seguro, más que un día de estos como que se quisieron meter a un negocio y hubo detonaciones”, exclamó.

¿QUÉ DICE LA
MUNICIPALIDAD?

DIARIO EXTRA visitó la Municipalidad de San José para conocer su posición sobre el caso que aqueja a los vecinos y comerciantes, sin embargo, a través de la vocera de prensa Gloria Marín, se nos indicó que la alcaldía se ve limitada a actuar al ser una propiedad privada que se encuentra en un proceso judicial.
Además, se intentó conversar con Mariela Echeverría, jefa de Servicios Sociales de la Municipalidad, pero al cierre de edición no fue posible.