Humberto Soto, alcalde de Alajuela, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de una interpretación legislativa, que exonera a las zonas francas del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
DIARIO EXTRA tiene copia del documento en el que Soto cuestiona la Ley 9.851 que corresponde a una interpretación del inciso D del artículo 20 de la Ley 7.210 Ley de Régimen de Zonas Francas, dictada por la Asamblea Legislativa.
La Ley de Zonas Francas establece que se exonera a las empresas ubicadas en este régimen, por un período de 10 años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles.
Posteriormente, los legisladores aclararon mediante una interpretación que donde dice impuesto territorial debe entenderse como Impuesto a Bienes Inmuebles.
En la acción de inconstitucionalidad, el alcalde señala que la interpretación de los diputados es contraria al derecho y al artículo 121 de la Constitución Política.
Hace una diferencia entre el impuesto territorial creado bajo la Ley 27 de marzo de 1939 y el de bienes inmuebles que nace al amparo de la Ley 7.509 del 9 de mayo de 1995.
“El contenido y alcances pretendidos de la misma constituyen un exceso ilegítimo en el ejercicio de las competencias y potestades del legislador. Resulta inconstitucional. Violenta el principio de la autocontención de los poderes públicos”, destacó.
Soto aduce que la Municipalidad de Alajuela interpone la acción con las potestades que le da ser una entidad con autonomía constitucional y descentralizada.
Establece que hay un impacto de la norma en el ámbito financiero tributario con respecto a los ingresos percibidos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los recursos con los que el municipio cuenta en condición de gobierno local atienden rubros prestacionales y diversas necesidades de los habitantes y usuarios, indicó el alcalde.
Tras una consulta de DIARIO EXTRA, Soto dijo que la acción se interpone debido a que la Ley de Interpretación tiene de forma propia un efecto retroactivo.
“Lo que estamos ejerciendo es una defensa para no tener que hacen devolución de montos millonarios ya pagados desde muchos años atrás. Dineros que ya fueron invertidos y aplicados en obras comunales”, destacó.
Añadió: “No nos oponemos al régimen de beneficios en sí mismo, sino a tener que hacer devoluciones retroactivas de dineros recibidos y aplicados al amparo de la Ley de Bienes Inmuebles”.
Según el alcalde, aún cuando se pueda presumir la legitimidad de la norma impugnada, el legislador omitió el dimensionamiento respecto a situaciones consolidadas como los ingresos percibidos por los municipios con zonas francas.
EMPRESAS REACCIONAN
La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) externó su oposición ante la acción de inconstitucionalidad presentada por el alcalde.
Según Carlos Wong, presidente de Azofras, la aprobación de la Ley No. 9.851 permitió clarificar los términos existentes acerca del impuesto de bienes inmuebles debido a la confusión de términos con el impuesto territorial.
“De este modo, se evitan interpretaciones administrativas y judiciales contradictorias. Algunas municipalidades interpretaban el cobro de dos impuestos a las empresas amparadas a este régimen”, señaló.
Las más de 394 empresas amparadas al Régimen de Zona Franca en Costa Rica, generan más de 187.000 empleos entre directos e indirectos.
“En momentos en los que la reactivación económica es crítica y prioritaria para que el país logre salir de la difícil situación económica, es necesario que las disposiciones jurídicas brinden seguridad y estabilidad”, indicó Wong.
Por su parte, la Cámara de Exportadores (Cadexco), hizo un llamado a resguardar la seguridad jurídica que poseen las empresas amparadas bajo el régimen de zona franca.
“Es un deber nacional mejorar el clima de negocios y no debilitar la operación del sector exportador que ha logrado estabilizar la economía nacional. La Cámara de Exportadores de Costa Rica solicita rechazar cualquier acción de inconstitucionalidad que atente contra de las empresas de zona franca, la futura inversión extranjera y el parque empresarial”, señaló la Cámara presidida por Laura Bonilla.
Entretanto, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), dijo que, como rectora en la materia de zonas francas, procederán con el debido análisis de los diferentes escenarios que puedan suscitarse en caso de que se dé curso a dicha acción de inconstitucionalidad. De ser así, tomarán las acciones técnicas y jurídicas correspondientes.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
EMAIL: [email protected]
Sábado 10 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA