Protestas y violencia

Editorial

Un grupo pequeño de manifestantes llegó hasta la Defensoría de los Habitantes para protestar contra la decisión que tomó por la jerarca Catalina Crespo de abandonar el programa nacional de VIH.
Las personas que se presentaron como miembros de diferentes organizaciones no gubernamentales de la comunidad LGBTI+ y de los grupos defensores de derechos humanos no solo gritaron improperios desde la calle, mientras alzaban pancartas con mensajes críticos, sino que también ingresaron a las instalaciones por la fuerza.
En una demostración de violencia irrespetaron la seguridad interna y hasta les pegaron manotazos a los ventanales y patadas a las puertas exigiendo ser atendidos, además amenazando la integridad de los funcionarios y la propia defensora.
Estos colectivos extraña o convenientemente no han querido entender que la salida del programa no es un asunto antojadizo, por el contrario, la Fiscalía investiga un aparente tráfico de influencias entre una funcionaria de la Defensoría y su hija para la entrega de dineros de la cooperación internacional.
DIARIO EXTRA dejó en evidencia cómo se recomienda desde la entidad la contratación de ciertos servicios de consultoría, asesorías y capacitaciones en temas de VIH a personas cercanas a los encargados del programa y se dejó de remitir recursos a otros grupos vulnerables.
Se tiene por confirmado que Hivos, la oenegé que recibe los dineros del Fondo Mundial, recalca problemas en los manejos de los recursos, pero no toma acciones contundentes para evitarlo.
Si bien los dineros provienen de fondos privados, lo cierto es que aproximadamente ¢5 mil millones han caído en manos nacionales y nadie rinde cuentas sobre cómo se emplean.
Entre las personas vinculadas con Hivos está Margarita Salas, comisionada LGBTI, quien resultó beneficiada con el convenio entre Hivos y la Defensoría entre finales de 2016 e inicios de 2017. Recibió soporte económico por un plan de comunicación.
Además a Laura Sánchez, directora del proyecto Hivos Costa Rica, se le vio muy cercana a la campaña presidencial de Carlos Alvarado cuando era candidato del PAC de cara a las elecciones de 2018.
También Ana Gabriel Zúñiga, ex viceministra de la Presidencia, fungió como especialista en Estado Abierto y Transparencia en Hivos América Latina.
Mientras que Luis Salazar Muñoz, creador de la Unidad Presidencial de Análisis y Datos (UPAD), tuvo relación con el Frente de Derechos Igualitarios (FDI) antes de asumir el cargo de comisionado LGBTI entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Entonces no se trata de defender una causa tan noble con cuotas de intransigencia, por el contrario, urge diálogo en este tipo de asuntos porque de por medio hay salud y vidas.
Pero lo que sí debe investigarse a fondo es el uso de tanta plata. Algunas asociaciones que se acercaron a El Diario del Pueblo para decir a viva voz que nunca han visto un cinco de tantos miles de millones de colones y atienden a personas VIH. Aducen que este reparto es por argolla y piden a las autoridades rectoras de la salud intervenir cuanto antes.
No es por defender a la señora Crespo, pero definitivamente el comportamiento de estas personas no le dejó más vía que salir del edificio porque esto de los gritos y los golpes no es forma de discrepar.
Cuándo van a entender estos representantes de los grupos vulnerables que no es necesaria la violencia ni la intimidación y que si se dispusieran a escuchar sobre las pruebas que existen para la pericia que lleva la Fiscalía entenderían que son usados por algunos a los que se les cayó la danza de miles de dólares.
La salida de Crespo del programa no implica que Costa Rica dejará de recibir el dinero, jamás. Hay entidades que están con las manos abiertas recibiendo desembolsos, de hecho, ya se presentó una nueva petición de desembolso por ¢1.300 millones.
¿Quiénes se dejarán ese dinero? ¿Llegará a los más necesitados?