La Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) eliminó el pago de desarraigo a 85 funcionarios de la institución.
El desarraigo se refiere al pago adicional que la entidad pública reconocía al funcionario que deba prestar sus servicios en un lugar distinto al de su domicilio legal y al sitio de contratación y cuando el traslado se da debido a un interés empresarial.
La medida pretende generar un ahorro mensual de ¢28.858.083,90 a Recope o también por ¢346.297.006,80 anuales.
El acuerdo se tomó durante la sesión ordinaria 5184-156 del 28 de setiembre de 2020, según consta en el oficio JD-0358-2020 del 1° de octubre anterior. Dicho planteamiento acogió la propuesta de la administración suscrita por Max Umaña Hidalgo, gerente general, con base en criterios técnicos y legales.
La institución argumentó, por medio de su Oficina de Comunicación, que el acuerdo fue remitido por las directoras de la Asesoría Jurídica y la de Recursos Humanos y se incluyó un análisis técnico y legal integrado para recomendar la derogatoria del Reglamento para el pago de la Compensación del Desarraigo.
REGLAMENTO DE COMPENSACIÓN
El Reglamento de Compensación por Desarraigo entró en vigencia en diciembre de 1989, dos meses antes de las elecciones presidenciales de 1990.
Óscar Arias Sánchez era el presidente de la República en ese entonces y la administración de Recope se encontraba en manos del doctor Roberto Dobles Mora. El artículo 3 establecido en dicho reglamento establece que el pago por compensación será más de un 25% del salario y que dicho plus se efectuará a partir de que se haga efectivo el traslado y se mantuvieran las condiciones que lo motivaron.
De los empleados que recibieron este beneficio, se desembolsaron ¢480.419 de más por el salario de dos directores de área por desarraigo, mientras que cinco jefes de departamento obtuvieron en sus arcas ¢413.692,50 de más mensualmente en ambos casos. Un médico asistente general tenía un desarraigo de ¢180.271,60 y otro un monto de ¢450.679,00. Un odontólogo percibió de más ¢430.657,50.
Por otra parte, profesionales clasificados como 1 A recibieron ¢259.062,50 por desarraigo, mientras que otros 11 catalogados como 1B percibieron ¢304.806,00 por este concepto.
Además, 35 clasificados como profesional 2 recibieron ¢345.673,50 y 17 profesionales 3 percibieron por desarraigo ¢375.889,50. Todos en tractos mensuales.
ACUERDO DESARRAIGO
“Acoger la propuesta de la Administración y con fundamento en el GG-0699-2020 de fecha 18 de setiembre de 2020, suscrito por el Ing. Max Umaña Hidalgo, Gerente General y sus anexos; criterios técnicos y legales, se deroga el Reglamento de Pago de la Compensación del Desarraigo. Asimismo se instruye a la Administración que previo a la implementación de los efectos que dicha derogatoria conlleva, deberá llevar a cabo las acciones que en derecho correspondan y se otorgue el debido proceso administrativo a todos aquellos funcionarios que se ven afectadas por dicha derogatoria y si fuese pertinente, en atención de las definiciones jurisprudenciales que eventualmente pueda definir la Procuraduría General de la República, en respuesta a la consulta planteada por la Presidencia de la Empresa, se proceda en observancia y respeto a aquellos funcionarios que hayan adquirido derechos de buena fe”.
Max Umaña, gerente general de Recope
“PERSONAS DE LA MISMA ZONA LO COBRABAN”
Max Umaña, gerente general de Recope, indicó que una de las razones por las cuales se tomó la decisión de eliminar el desarraigo obedeció a que se estaba pagando el incentivo salarial a personas de la misma zona.
Umaña dijo a DIARIO EXTRA que el tema se discutió durante varias semanas a lo interno de Recope para efectos de evitar que existieran distorsiones en relación con el pago de pluses.
Indicó que ese fenómeno de pago en la misma zona se estaba dando particularmente en la provincia de Limón.
También ocurría con personas que eran de San José y que por motivos laborales debían desplazarse a otras regiones del territorio nacional. “Eso no es inusual en empresas trasnacionales, a veces cuando algún empleado le hacen un traslado y se le paga eso. El problema que se estaba dando era que se estaba pagando a personas de la misma zona y se estaba pagando a personas que ya llevaban muchos años de haberse trasladado, incluso que ya tenían lugares de votación en esa zona, tenían alguna propiedad”, expresó. Umaña argumentó que otro aspecto que influyó fue que las casas de Recope en Limón se estuvieron quedando vacías.
Al respecto consideró que se dio la posibilidad de un mejor aprovechamiento de los recursos y, por lo tanto, se decidió derogar el reglamento que le dio vida al pago del desarraigo.
Se le consultó al Gerente General por la parte legal en el sentido de que uno de los posibles reclamos pueda darse en aquellos colaboradores que consideren una posible violación a derechos adquiridos.
“Eso se discutió mucho a nivel de los abogados y se llegó a la conclusión de que, por lo menos, desde el punto de vista del que nosotros vemos, no es un derecho adquirido y que por eso se procedió a esa manera. Ahora, si alguien cree que puede ser diferente, pues en este caso tendrá la posibilidad de demostrarlo”, expresó.
Detalló que están a la espera, en caso que se presente algún tipo de apelación sobre el caso.
Manuel Rodríguez, secretario general Sitrapequia
“ES UN GOLPE BASTANTE ABRUPTO”
Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), cuestionó el accionar de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y consideró que representa un golpe abrupto a los 85 funcionarios que se vieron afectados.
Rodríguez argumentó a DIARIO EXTRA que en algún momento se efectuaron observaciones a la administración porque el tema del desarraigo no corresponde a un asunto de convención colectiva, sino sobre un tema entre el patrono y trabajador. “Consideramos que hay derechos adquiridos. Es un golpe bastante abrupto hacerle esto a casi 80 funcionarios que fueron contratados bajo esa forma por la necesidad empresarial.
Hoy no se da el espacio y simplemente mandan a eliminar el reglamento y el rubro a esos trabajadores. Están preparando el reclamo por la vía legal”, expresó. Consultado sobre las acciones que se decidirán emprender destacó que tiene conocimiento sobre la organización de los afectados para contratar un abogado y presentar el caso ante los Tribunales de Justicia.
Indicó que se está perjudicando al trabajador porque cuando es contratado con una condición salarial requiere necesariamente un espacio para que se acomode.
A su criterio indicó que si se debiera tomar esa decisión tuvo la posibilidad de ampliarlo en un plazo de seis meses e incluso un año.
Dijo que al tomarse la decisión de forma inmediata habría un impacto económico al funcionario de la institución. “Hay un tema de relación laboral con trabajador y la empresa en donde se debe hacer el debido proceso antes de ejecutar y no hacerlo al revés. Entonces sí siento que de una u otra forma, máxime lo que ustedes están viendo de que no hay aumentos salariales, se congelaron las anualidades y otras cosas más.
Creo que debió haberse tomado en consideración sin quitarle el derecho a la administración de que tiene la potestad de proponerlo y de negociarlo con el trabajador”, expresó.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Archivo.
EMAIL: [email protected]
Martes 24 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA