¿Cómo evitar que instituciones autónomas como las universidades públicas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o las municipalidades se salten procedimientos de ajuste fiscal?
Para evitar que el gasto público se siga disparando sin control, o bien cuando vía leyes o bajo el argumento de la autonomía se quiera evadir normas, como la regla fiscal, el diputado liberacionista Wagner Jiménez impulsa una reforma a la Constitución Política, en su artículo 176, que haría que estos entes deban respetar el “principio de equilibrio financiero”.
En dicho artículo de nuestra Carta Magna se hace referencia a la elaboración del presupuesto nacional, textualmente dice: “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.
Pero según Jiménez, las llamadas instituciones descentralizadas (INS-ICE-CCSS-PANI, entre otras) se valen de vacíos en la misma Constitución o mediante otras leyes o recursos ante la Sala IV, para evadir ese equilibrio financiero.
Recordó que si bien la regla fiscal, que se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, viene a complementar lo dicho por el artículo 176 de la Constitución, el argumento de la autonomía ha hecho que estas instituciones se salten esta norma.
El proyecto le agrega al artículo 176 lo siguientes: “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”.
Además, incluye: “Se prohíbe la creación de nuevas instituciones y programas sin la autorización previa de la Contraloría General de la República, que certificará que el financiamiento no sea con recargo al presupuesto nacional”.
“Esta reforma tiene como propósito asegurar que el país no continuará gastando a manos llenas, no podemos continuar gastando lo que no tenemos, no podemos endeudar a las próximas generaciones. Cumplo con la promesa que asumí una vez finalizado el trabajo en la Comisión que estudió el Fondo Especial para la Educación Superior”, señaló Jiménez.
“Llegó la hora de hacer estos cambios en nuestra Constitución para asegurarle al país y darle la oportunidad al sector productivo a que nos contribuya con la reactivación económica, asegurando la detención de la deuda y de los indicadores macroeconómicos que afectan a la economía costarricense”, añadió el verdiblanco.
El proyecto se conoce con el expediente 22.266 y, al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser conocida y aprobada en dos legislaturas distintas, según dispone el artículo 184 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el 195 de la Constitución Política.
Además, se deberá instalar una comisión especial que analice el proyecto y lo dictamine.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 29 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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